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Los planes para una reforma del Estatut se enfrían en el 40 aniversario

El ‘president’ de la Generalitat asegura que la atención del Consell está en «desarrollar toda la capacidad» de autogobierno que ya existe

Primera reunión del comité de honor para la celebración de los 40 años del Estatut, ayer.

El Estatut cumplirá el próximo 1 de julio cuatro décadas de vigencia y lo hará sin que la crisis de los cuarenta le obligue a afrontar grandes cambios. La posición de Ximo Puig es que la reforma de la ley básica de autogobierno de los valencianos no forma parte de la agenda actual del Consell, aunque esta sea necesaria para asumir nuevas competencias.

«El Estatut siempre está sometido a análisis», defiende el jefe del Consell quien apunta a que en este momento el objetivo de la Administración autonómica está «en el desarrollo de toda la capacidad de autogobierno» que ya dispone el actual ordenamiento jurídico de 1982. Para una reforma, además, cree que en estos momentos no existe «el consenso suficiente».

Entre las materias por desarrollar que sí que incluye el actual Estatut está la competencia en Cercanías, un asunto para el que se trabaja en la «calendarización» en la comisión de transferencias para encontrar una solución «a medio plazo». La gestión del servicio de ferrocarriles sí que se encuentra, señala Puig, entre las prioridades del ejecutivo valenciano que ya ha sido pedida de manera oficial al Ministerio de Transportes.

Diferente es la atribución de nuevas competencias que no recoge el actual texto. Entre ellas está la gestión de costas, para la que el Gobierno de España, en una respuesta parlamentaria a Compromís, apunta a que es necesario reformar el estatuto de autonomía, como publicó este diario. «No es posible transferir a la Generalitat competencias en materia de costas, como tampoco lo es transferirlas a otras Comunidades Autónomas cuyo estatuto no ha sido modificado en ese sentido», era la contestación del ejecutivo central.

Pero la respuesta del Gobierno no solo cierra la puerta a una hipotética transferencia de costas. En la práctica y, aunque no alude a esta cuestión en ningún momento, viene a echar por tierra la conocida como la cláusula Camps. Una disposición que el expresidente de la Generalitat, quiso incorporar en la reforma estatutaria de 2006 que pactó con el PSPV para tratar de equiparse a otras comunidades que en sus estatutos hubieran alcanzado un mayor nivel competencial.

Sobre esta, Puig incidió en que esa cláusula la enmarca «dentro del espacio político y no jurídico» y que la gestión de las costas «no está sujeta al estatuto valenciano» sino que está «en discusión en toda España». También recordó que entre las reformas pendientes se encuentra la aprobación del derecho civil valenciano, «una exigencia democrática» que reclamó las Corts, pero que requiere del visto bueno del Congreso para que una reforma constitucional que la recoja.

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