El 33% de las agresiones que sufren las mujeres en los últimos cinco años pueden encuadrarse en lo que se conoce como violencia sexual por sumisión química, es decir, aquellas en las que se utilizan sustancias químicas (drogas9 para anular la voluntad de las víctimas y su resistencia.
El último informe del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses cifró en 2020 un total de 2.054 agresiones sexuales, de las cuales 685 se realizaron pruebas toxicológicas por sospecha de sumisión química. El 70% dio positivo. Pruebas que evidencian hasta qué punto las mujeres, todo las más jóvenes, pueden estar expuestas sobre todo en locales de ocio, donde la estadística sitúa gran parte de estas agresiones.
La sumisión química no es una realidad desconocida, pero ha sido estos días cuando se ha puesto en el foco gracias a una petición de una víctima de 71 años que ha logrado recoger a través de Change.org un total de 105.000 firmas, que han sido presentadas al Ministerio de Justicia en busca de un protocolo claro de actuación en caso de este tipo de denuncia que, en estos momentos, se topa con todo tipo de obstáculos para prosperar si es que llega a presentarse. El miedo a no ser creída, la falta de pruebas y la falta de dificultad de la víctima para entender lo que le ha ocurrido constituyen obstáculos para la denuncia.
La cruzada contra este tipo de violencia ha llegado a las Corts de la mano de Compromís. La portavoz de Igualdad, Mònica Àlvaro, se ha registrado una propuesta en la insta al Consell a trabajar con el sector de ocio un protocolo para prevenir la sumisión química, así como impulsar campañas de sensibilización y concienciación social.
