El parque público de vivienda crecería un 53 % si se incorporan las 10.000 viviendas de la Sareb en la C.Valenciana, tal y como ha reclamado hoy el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, en una carta dirigida a la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. En la misiva, el conseller asegura que se trata de "una entidad que posee un enorme stock inmobiliario que podría dar respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia residencial que sufre nuestro país".
Ahora mismo hay 18.775 viviendas en manos de la Generalitat Valenciana. De estas, 14.413 están gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda (EVHA), además de las 4.254 en manos de ayuntamientos y 81 para entidades del tercer sector. En el año 2021, gracias fundamentalmente al uso del derecho de tanteo y retracto, que permite a Vivienda intervenir en los procesos de compra de grandes tenedores y hacerse con los pisos por el mismo importe de la venta, se han incorporado 396 nuevos pisos.
Pese a todo, la vivienda pública sigue siendo ínfima en la C.Valenciana y representa apenas un 0,6 % del parque de vivienda total (3.147.062), todavía lejos de la media española de vivienda pública que se sitúa en torno al 1,8% (454.000 viviendas). Si finalmente los pisos de la Sareb se incorporaran al parque público supondría un enorme empujón para las políticas de conselleria. Pese a todo, Vivienda todavía debe resolver muchas dudas, la gran mayoría relacionadas con la falta de transparencia de la sociedad pública desde el pasado 18 de enero.
"Hay que pedir un esfuerzo de transparencia a la Sareb y ver qué viviendas interesan a la administración. Por ejemplo, sabemos que la Sareb tiene chalets, algo que a priori no queremos para aumentar el parque público", dice Alejandro Aguilar
Contra la opacidad
"El dato de las 10.000 viviendas es un poco incierto porque salió de la boca de la propia Sareb, pero no tenemos forma de comprobarlo. Además, se trata de una sociedad que está constantemente comprando deudas de promotores y vendiendo las viviendas, el número va variando", cuenta el Secretario Autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar.
La Conselleria de Vivienda estima (no existen cifras oficiales) que actualmente hay 19.000 viviendas vaciadas en manos de bancos y la Sareb. De ellas, 9.000 se detectaron por incumplimientos de la Ley de la Función Social de la Vivienda, y 10.000 estarían en manos del banco malo. Aún así, según conselleria, se piensa el número real podría ser muchísimo mayor.
Vivienda ve la adquisición de la Sareb como una oportunidad de darle la vuelta a la tortilla. "La Sareb era una sociedad que nació con capital público para rescatar la deuda de gestores privados, y podemos conseguir que se acabe convirtiendo en una sociedad pública que acabe teniendo una función social. La administración no puede desaprovechar esto con la necesidad de vivienda que hay", explica Aguilar.
Pero aún está por ver que las viviendas de la Sareb supongan ofrecer más vivienda pública a los ciudadanos, ya que tampoco existen datos de cuántas de estas viviendas están vacías y se pueden ofrecer a la ciudadanía. "No tenemos esos datos, por eso hay que pedir ahora un esfuerzo de transparencia y ver qué viviendas interesan a la administración y cuáles no. Por ejemplo, sabemos que la Sareb tiene chalets, algo que a priori no nos interesa para aumentar el parque público", cuenta Alejandro Aguilar.
Por otro lado la sociedad cuenta con muchas fincas sin acabar rescatadas a constructoras quebradas, algo que sí que interesaría a Vivienda. "Estudiaríamos rehabilitar todas esas estructuras para darles un uso público y ponerlas a disposición de la ciudadanía y distintos municipios", señala. Aunque Aguilar remarca que "primero necesitamos que nos den toda esa información para estudiarla, después llegar a estrategias de consenso con le estado, tanto para ampliar el parque como para renovar contratos". La PAH también reclama saber los datos "para satisfacer la enorme demanda de vivienda que hay también entre la gente joven y parejas jóvenes".
Golpe a la emergencia residencial
Un efecto inmediato que sí que tendría la gestión de las viviendas de la Sareb sería la renovación de contratos para gran parte de los inquilinos que están ahora mismo bajo amenaza de desalojo. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) tiene registrados casos de fincas enteras amenazas de lanzamiento en Alfafar, Puçol, Chiva, Riba Roja, Torrent, Almenara, Gandía, Alicante y Elche, donde se registran incluso edificios con más de 100 familias habitando en ellos. A esto habría que añadir la enorme cantidad de casos particulares bajo amenaza de desahucio al acabar sus contratos de alquiler.
"En muchos casos mandan cartas amenazantes o demandas por impagos falsas para meter miedo a los inquilinos y que se vayan, todo con la intención de quedarse con la casa y poder venderla a algún fondo buitre. Es terrible", cuenta José Luís González, portavoz de PAH València. Aunque, como Aguilar, González pide saber cuántas viviendas de la Sareb están por habitar y el efecto que esto tendrá sobre la ciudadanía sí que resalta que "sería muy importante porque se paralizan todos los casos de desalojo, y en esta situación no aumentar más la emergencia habitacional es fundamental".
Vivienda apuesta en estos momentos por activar dos vías. La primera es la de la renovación de contratos de las familias afectadas a precios asequibles durante los 5 años siguientes hasta que la Sareb se disuelva en 2027. "Creemos que es lo mejor para dar un horizonte de estabilidad a medio plazo a estas personas", comenta Aguilar, que ha remarcado que Vivienda está a disposición del Gobierno para actuar "como considere". "Tenemos incluso capacidad de comprar las viviendas".
El problema de los 'servicer'
La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), cuenta con la participación del Gobierno a través del FROB (más del 50 %) y sus principales accionistas son el Banco Santander, Caixabank, Sabadell y Kutxabank, entre otros. Pero la gestión de las viviendas no recae de manera directa sobre ninguna de estas entidades, sino sobre los denominados 'servicer' o gestores de vivienda. Una de estas gestoras es Haya Real Estate, filial inmobiliaria del fondo buitre estadounidense Cerberus, y que se encarga de gestionar los activos de este fondo y parte de los de la Sareb.
Plataformas y asociaciones por el derecho a la vivienda han criticado en varias ocasiones el acoso inmobiliario que este 'servicer' utiliza con los inquilinos de los inmuebles propiedad de la Sareb. "Mandan cartas de impagos o incluso órdenes de desahucio a personas al corriente de pago para que se vayan. Hoy mismo he hablado con una mujer a la que no paran de llamar para que deje la casa, es un acoso constante que hay que regular", cuenta González.
La PAH apuesta por que sea la administración quien gestione los inmuebles, y que no se haga a través de uno de los cuatro grandes 'servicers' que tiene la Sareb. "Nosotros apostamos por el modelo europeo, donde es el propio estado quien gestiona una cantidad muy grande de vivienda, nada comparable a lo que tenemos nosotros, y se encarga de garantizar el derecho a la vivienda".
