La Policía Nacional llamó este jueves a la puerta de casa de Ana Bermúdez para entregar un papel. Era una demanda de desahucio de fecha abierta. Desde ese preciso instante en adelante pueden venir a cambiar el pomo sin avisar y dejarla en la calle. En cualquier momento del día y sin avisar. Desde ayer Ana y sus hijos de 16 y 9 años viven con el miedo en la garganta, conviven con la impotencia y la angustia. Ella no duerme y el chaval "que ya se entera de todo" ha vuelto a tener fuertes migrañas.
El lanzamiento de Ana es particular. Primero por ser de fecha abierta, una modalidad de desahucio todavía poco común en València, pero sobre todo porque el ejecutor es la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), que desde el 18 de enero está controlada por el Estado al hacerse el Gobierno con más del 50 % del accionariado. "Eso es lo primero que nos llama la atención, que la fecha abierta la ponga una sociedad controlada por el Estado, en teoría pública. Estamos a la expectativa, pero esperemos que la compra de Sareb no signifique solo un cambio de manos y que se paren los desahucios", cuenta Sergi González, del Sindicato de Barrio del Cabanyal, que acompaña a Ana con su caso.
La historia de esta vecina de València parecía ser bien distinta hasta hace muy poco, pero la Sareb está actuando de forma aparentemente contradictoria. La sociedad asegura que está dispuesta a ofrecer a Ana un alquiler social, y este lunes visitan la casa un fontanero y un electricista para estudiar las reformas necesarias que dejen el piso en condiciones para firmar su alquiler. Pero al mismo tiempo, y de forma incomprensible, le ha llegado una demanda de desahucio. "La Sareb dice que no tiene constancia de esto, pero ¿Cómo no va a tenerla si es la que firma la demanda de desahucio?", se pregunta Ana, que ya tuvo un intento de lanzamiento por la misma vía hace menos de un año.
"La Sareb es inoperante en muchas ocasiones. El departamento social lleva un año hablando con Ana para ofrecerle un alquiler asequible, y a la vez el departamento jurídico nos manda una carta para desahuciarla de un día para otro", se queja Sergi González. A decir verdad, este es un procedimiento repetido por la sociedad en muchas viviendas que gestiona. "Las promesas te las hacen desde el primer día pero nunca llegan, pero luego se van retirando y acaba pasando lo contrario, si se quedan en casa las familias es por la presión de las plataformas vecinales", apunta.
Neutralizar la protesta
Los desahucios de fecha abierta "son un modelo importado de Barcelona", cuenta María José Alamar, letrada de Aliter abogados especializada en vivienda y derecho bancario. El procedimiento consiste en notificar al afectado que se va a ejecutar el lanzamiento, pero no dar una fecha y hora concreta para dejar la vivienda. En su lugar, se dice que el desahucio se ejecutará de ahí en adelante, con lo que habilita a la comisión judicial a aparecer en la vivienda en cualquier momento para cambiar la cerradura sin avisar.
La fecha abierta, como explica Alamar, apareció en un primer momento en Barcelona, ciudad con uno de los movimientos por el derecho a la vivienda más fuertes. "A mi modo de ver el objetivo de la fecha abierta está clarísimo, quieren evitar los tumultos y a las personas protestando en la puerta del edificio. Así que en lugar de dar una fecha concreta dicen que vendrán de ese día en adelante y para las plataformas ya es complicadísimo articular una respuesta", explica.
"El objetivo de la fecha abierta está clarísimo. Quieren evitar los tumultos y a las personas protestando en la puerta del edificio", dice Alamar
Sergi también se pronuncia en esta línea. "Nuestra conclusión es que lo hacen para evitar que el movimiento por la vivienda convoque protestas en la puerta para pararlo". "Al final -dice Alamar- tienes dos opciones: o convertir cada desahucio en una guerra y desplegar decenas de policías, o dar una fecha indeterminada y ponerlo difícil a las plataformas. Y los jueces están optando por la segunda opción".
¿Son legales estos procesos? Abogados expertos en derecho a la vivienda difieren, ya que consideran que la Ley de Enjuiciamiento Civil es laxa en su forma de reflejar que los lanzamientos deben llevar aparejada una fecha y hora concretas, por tanto algunos jueces optan por realizar un interpretación y dictar procesos de fecha abierta. La Oficina por el Derecho a la Vivienda ya planteó la posibilidad de recurrirlos judicialmente y llevarlos a instancias superiores para aclarar estas prácticas, también las plataformas por el derecho a la vivienda. "Desde mi punto de vista estos procesos atentan contra los derechos humanos, son una auténtica barbaridad para las familias que quedan súper desprotegidas" ,critica Alamar.
Ana Bermúdez y el Sindicato de Barrio del Cabanyal viven en una carrera contrarreloj desde ayer. No saben cuanto tiempo les queda, ni si mientras se escribe este reportaje pueden haberla echado de su casa. "Intento que se quede siempre alguien, mi madre, mi niño... yo estoy casi todo el tiempo porque no sé cuando pueden venir". Su hijo de 16 sigue con migrañas, su hija de 9 "de momento no se entera mucho" aunque es muy lista para su edad. Los dos han vivido toda su vida en Orriols, ella está en el cole del barrio y él en el instituto. "Como vengan me veo en la calle con ellos ¿Cómo les digo que van a tener que dejar a sus amigos de toda la vida", lamenta.
