El Poder Judicial sanciona al juez del caso Taula por los retrasos en la instrucción de la macrocausa

La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha impuesto una sanción de 600 euros al magistrado titular del Juzgado de Instrucción 18, responsable de la instrucción del caso Taula entre otros asuntos, por los retrasos que ha sufrido esta investigación con doce piezas separadas, según ha adelantado "Las Provincias". El órgano de gobierno de los jueves decidió sancionar el 13 de enero al magistrado con la multa de 600 euros (aunque el instructor inicial proponía que fuera de 1.000 euros). La sanción, acordada por unanimidad, concluye en la resolución a la que ha tenido acceso Levante-EMV, que "la falta de actividad por parte del magistrado, dio lugar a que diversas causas [entre ellas el caso Taula] sufrieran importantes dilaciones pese a la existencia de diversas medidas de refuerzos proyectadas sobre el Juzgado de Instrucción del que es titular, a fin de fatalizar su esfuerzo en un conjunto de actuaciones consideradas complejas".

Aunque el expediente disciplinario tiene en cuenta en todo este proceso las bajas por enfermedad que ha acumulado el magistrado, pero añade al respecto que a pesar de esta situación médica "omitió activar los mecanismos correspondientes para enervar una posible incidencia negativa en el impulso de la actividad instructora que le incumbía como consecuencia de dicha situación personal; pasividad que finalmente dio lugar a los retrasos ya referidos". La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el pleno del CGPJ en un mes.

Las demoras más significativas se han producido precisamente en el caso Taula, declarado causa compleja, que ha llegado a acumular dos años de inactividad en algunas piezas como las del presunto pitufeo en la campaña electoral de 2015, en la que estaban investigados 50 concejales y asesores del PP en el Ayuntamiento de València. Una subpieza que la sección cuarta de la Audiencia de València decidió sobreseer el pasado mes de diciembre. Decisión sobre la que la Fiscalía Anticorrupción ha anunciado su intención de presentar una queja ante el Tribunal Supremo.

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