La futura ley de transparencia y buen gobierno que debe sustituir a la norma de 2015 aprobada por el Consell popular podría considerarse ya como una vieja aspiración del Botànic. Del primero y del segundo.
La propuesta ha sufrido todo tipo de vicisitudes y retrasos, pero es ahora cuando podría empezar a verse la luz al final del túnel. Un año y tres meses después de que los grupos de la izquierda en las Corts (PSPV, Compromís y Unides Podem) registraran el texto articulado (teóricamente pactado a tres manos aunque el departamento que dirige Rosa Pérez del que surgió la propuesta), las diferencias que continuaban en torno a la ley están disipándose.
El principal escollo radica en la configuración del Consell de Transparència, el órgano encargado de resolver las reclamaciones de la ciudadanía y de velar por el cumplimiento de la ley. El texto presentado en las Corts propone un cambio sustancial respecto al diseño actual de cinco consejeros sin dedicación exclusiva que perciben dietas por su trabajo.
El tripartito plantea un órgano de sólo tres miembros, pero con exclusividad y con rango de dirección general. Pese al acuerdo inicial, el PSPV planteó una enmienda para que el órgano mantuviera a sus actuales cinco miembros. Entre las razones de los socialistas estaban lograr acercar a los partidos de la oposición a ley (el órgano debe elegirse por mayoría cualificada de los tres quintos de la cámara), pero también el sentir de algunos miembros del consejo preocupados por la carga de trabajo y por las dificultades de encontrar a profesionales que decidan dejar sus trabajos actuales para convertirse en altos cargos. Cabe apuntar que en reiteradas ocasiones, este consejo se ha quejado en sus memorias de que las cada vez más numerosas reclamaciones que deben resolver. El órgano comenzó su andadura bajo mínimos y aunque ha ido ganando personal técnico, el trabajo, insisten, es inabarcable. Hace un año, y para evitar el descontento creciente entre sus miembros, la consellera de Participación y Transparencia reforzó las indemnizaciones que cobran sus miembros.
La comisión para aprobar las enmiendas al texto se celebrará a mediados de febrero
Evidenciada la división de criterio en las enmiendas presentadas por los tres grupos, la negociación quedó bloqueada con la llegada del período vacaciones parlamentarias. Sin embargo, fuentes del tripartito indicaron que está previsto que a mediados de febrero se convoque la comisión parlamentaria que debe aprobar las diferentes alegaciones al texto. El tripartito ha mantenido contactos informales en las últimas semanas y los socialistas en aras al consenso estarían dispuestos a retirar la enmienda y renunciar por tanto a la idea de un consejo de cinco miembros. Con todo, este movimiento aún no se ha producido, si bien desde el PSPV admiten que el Botànic votará unido en esta ley.
Buscar el consenso de la oposición
En todo caso, la voluntad de los grupos es desatascar una norma que supone una vuelta de tuerca a la transparencia en la Generalitat y que esperen esté aprobada antes de verano. Eso sí, existe interés por parte de los tres grupos de izquierda de que sea una ley lo más consensuada posible. Fuentes del tripartito indicaron que muchas de las enmiendas que han presentado PP y Ciudadanos pueden ser aceptadas, una vía para lograr que esta norma no cuente con el rechazo de la oposición. El ideal es lograr el respaldo, pero en todo caso una abstención. Las conversaciones con Ciudadanos irían por buen camino.
Con todo, precisamente la cuestión de la configuración del consejo puede ser un problema ya que PP y Ciudadanos abogan por los cinco miembros. Cabe apuntar que los miembros del consejo han agotado ya su mandato y se encuentran en funciones desde hace meses.
Al tramitarse como proposición de ley y no como proyecto de ley se dará la circunstancia de que esta ley no tendrá informe del Consell Jurídic Consultiu, a no ser que, como ocurrió con la ley de Economía Circular se solicite expresamente.
