Cuando la Sareb compró la finca, en agosto de 2020, empezaron a llegar los burofaxes. Cartas reclamando cantidades por impago, algunas de 1,20 euros, otras de importes que ni siquiera tienen que ver con el alquiler. Recargos del IBI al inquilino, cobros de más. La presión se incrementó y empezaron a llegar demandas de desahucio y citaciones judiciales a vecinas al corriente de pago. Presión, angustia, tiempo gastado en abogados, gestorías y viajes a los juzgados. En definitiva una estrategia de acoso inmobiliario por parte de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y su gestora Haya Real Estate a 171 familias de Alfafar, que están en un sinvivir durante años.
"Está claro que quieren que la gente se asuste y se vaya de sus pisos. Pero no nos vamos a ir", cuenta Amparo Tercero, una de las tantas afectadas en esta finca de cinco patios. Aunque la Sareb dice que les renovará los alquileres la realidad es que hace todo lo posible por incomodar a los inquilinos. Tendrían que haber firmado los nuevos contratos en diciembre, pero la prórroga no llegó y la presión y el acoso sobre las familias, algunas personas mayores, otras parejas con bebes de pocos meses a cargo, se incrementa.
Esta historia de acoso inmobiliario no solo ocurre en Alfafar, se puede reproducir casi punto por punto en fincas de la Sareb a lo largo de toda la C.Valenciana. Hay edificios afectados en Chiva, Puçol, Riba-Roja, Torrent, Gandia, Alicante, Elx... Esos son los que se conocen por plataformas como la PAH (que asesora a los inquilinos ante el acoso) y conselleria de Vivienda. "Hay muchos más casos que todavía no tenemos localizados", dice José Luis González, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Pero la decisión de comprar más del 50 % de la Sareb por parte del Estado ha provocado un giro de tuerca en la situación y un horizonte de esperanza para las vecinas afectadas. "Si la Sareb se ha nacionalizado entonces que nos renueven los alquileres", reclama Lorena Blanco, vecina afectada de Alfafar.
La misma intención tiene conselleria de Vivienda, que este jueves reclamó por escrito a la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, que las viviendas de la Sareb pasaran a engrosar el parque público de la Generalitat Valenciana, que se incrementaría un 53 % con estos activos inmobiliarios. Pese a esto, no se conoce con seguridad cuántas de esas viviendas están vacías y cuántas tienen inquilino, con lo que el parque público sí que se ampliaría, pero está por ver que sirviera para tener más vivienda social.
"Es una oportunidad para que las viviendas de la Sareb acaben teniendo por fin una función social, y con la necesidad de vivienda que hay la administración no la puede desaprovechar", cuenta el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar. Con estas viviendas de la Sareb "resolveríamos muchas situaciones de emergencia habitacional". "Habría que ver todos los casos, pero la intención es renovar los contratos de estos inquilinos por 5 años para que tengan tranquilidad a medio plazo, cuando en 2027 se extinga la Sareb estudiaríamos qué hacer, pero todavía es pronto para pensar en eso", asegura.
Los 'servicer'
Aguilar está en conversaciones con la Sareb y los inquilinos para la renovación de los contratos, algo con lo que la sociedad está de acuerdo. La última reunión con las 171 familias la mantuvieron este lunes. Pero, pese a que Vivienda explica que la relación con Sareb es "bastante buena", la realidad de las vecinas es bien distinta. Se les prometió una renovación de contratos este mes de diciembre que todavía están esperando, mientras la presión se intensifica.
La realidad es que la angustia de los vecinos tiene nombre: "Haya Real Estate" uno de los cuatro 'servicer' o gestoras de la vivienda del banco malo junto a Altamira (Banco Santander), Solvia (Sabadell) y Servihabitat (La Caixa). El caso de Haya Real Estate es reseñable ya que es la inmobiliaria y la que gestiona parte de la cartera del fondo buitre Cerberus en España.
"Está claro que quieren que la gente se asuste y se vaya de sus pisos. Pero no nos vamos a ir", cuenta Amparo Tercero
Esta dualidad entre las negociaciones de Vivienda (directamente con Sareb) y la gestión de los pisos por Haya Real Estate (la inmobiliaria de un gran fondo buitre, con varios casos de acoso inmobiliario en la C.Valenciana) es la razón a la cual plataformas por el derecho a la vivienda y afectados achacan la mala gestión de los inmuebles del banco malo. En muchos casos, mientras Sareb negocia y afirma que su intención es renovar los alquileres sociales, una de sus gestoras intenta desalojar a los inquilinos.
Respuesta social
"Estamos hablando de un bien de primera necesidad como es la vivienda, que debería regularse de manera racional y no dejarlo en procesos especulativos donde solo se buscan beneficios con métodos terribles para que la gente deje sus casas", cuenta José Luis González, de la PAH.
Antes de que el Gobierno anunciara la compra del banco malo ya existían plataformas por el derecho a la vivienda que reclamaban el uso público de estas casas, pero con la aprobación definitiva de la compra de más del 50 % de las acciones (que podría convertirse ahora en un 100 % tras una nueva oferta a los bancos), todas las plataformas se unificaron en Pla Sareb. "No nos vamos a quedar quietos, porque nos negamos a que se acabe especulando con estas viviendas dos veces. Pedimos que pase a gestión pública y que se haga de manera eficaz", cuentan.
