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Análisis

Los socios del Botànic marcan terreno

«La gente ve mal que en los gobiernos haya discrepancias», advierten los socialistas

El presidente, Ximo Puig, y los vicepresidentes, Mónica Oltra y Héctor Illueca, en las Corts. | F.B.

Comienza con la campaña electoral de las autonómicas de Castilla y León un ciclo de urnas abiertas que durará al menos dos años. Le seguirán las andaluzas y en 16 meses la cita será las autonómicas y municipales (mayo de 2023) y a final de ese año, o principios del siguiente, las generales.

Los partidos del Botànic se enfrentan al año preelectoral inmersos en el tiempo de marcar perfil propio y definir mensajes con los que presentarse ante el electorado en el año clave. Pero el camino no está exento de peligros. Marcar terreno y asumir banderas que diferencien el discurso entre los tres partidos de izquierda puede generar en la calle sensación de conflicto si se acentúan las disputas por la paternidad de las iniciativas, la priorización de políticas o por capitalizar la acción de gobierno.

«La gente ve mal que en los gobiernos haya discrepancias, los indicadores económicos van bien y lo importante es la estabilidad y que no se traslade ruido a la ciudadanía», advierten en las filas socialistas, donde ven un error que los socios quieran singularizarse y busquen arrancar votos a costa del PSPV. «No hay necesidad de diferenciarse, la hoja de ruta es el acuerdo del Botànic», concretan.

En Compromís señalan que sí es el momento de poner en valor todo la gestión realizada estos años desde sus áreas de gobierno, algunas como Educación o Igualdad generadoras de empleo de calidad, los 17.000 nuevos profesores contratados desde 2015 o el refuerzo de personal para hacer frente a las políticas sociales que han permitido fortalecer los servicios públicos son ejemplos.

Hay dos discursos que la coalición tiene como prioritarios, en los que va a centrar muchos esfuerzos estos meses y que ya ha tratado de capitalizar frente al resto de partidos, la reivindicación al Gobierno de España de la mejora de la financiación, con las interpelaciones de Joan Baldoví a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso, y la denuncia pública del desbarajuste de las Cercanías, incluso con actos de protesta en las propias estaciones, como ya se ha visto.

Dos cuestiones que el PSPV también aspira a abanderar, la primera porque es transversal y la defienden todos los partidos, salvo la ultraderecha, y la segunda porque se asume tanto por parte del president, Ximo Puig, como del conseller de Movilidad, Arcadi España, que el servicio que se ofrece por parte del Gobierno es muy deficiente y existe un hartazgo en la ciudadanía por las continuas cancelaciones y retrasos del servicio, que la ministra de Fomento, Raquel Sánchez, se ha comprometido a revertir. Unas críticas que sitúan al Gobierno de España como principal diana de las reivindicaciones del socio Compromís y que en el PSPV disgustan y ven propias de los partidos nacionalistas que funcionan con la misma lógica, la de echar las culpas de todo al Estado.

Visibilidad propia

Unides Podem también tiene sus banderas para buscar una visibilidad propia. Esta semana, el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, ha reivindicado asumir la gestión de las viviendas de la Sareb, el ‘banco malo’ en el que se integró todo el stock inmobiliario tóxico para los bancos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008. Si lo consigue, la Conselleria de Vivienda cumpliría casi de inmediato objetivos de ampliación del parque público que tiene a años vista.

La ley de Salud Mental, la desprivatización de los servicios públicos gestionados por empresas, sobre todo en el área sanitaria; la reclamación de que se destine el 20% del presupuesto de Sanidad a la atención primaria o la reivindicación de una reforma fiscal para incrementar los fondos disponibles para mejorar la financiación son también asuntos que Unides Podem considera capitales.

El puerto y la tasa turística

Los morados y Compromís pugnan por la bandera ecologista. Ambos partidos se han posicionado en contra de la ampliación del puerto de València, que el PSPV defiende porque esa modificación ya está aprobada desde 2007, y este es un elemento de fricción que cogerá vuelo en cuanto se acerquen las elecciones.

Incluso Unides Podem tiene intención de avivar un debate, como el de las macrogranjas que ha saltado a la arena nacional, porque aseguran que la Conselleria de Agricultura está otorgando licencias que la coalición morada ve con recelo.

Otra bandera que agitan los socios del PSPV es la tasa turística. Los socialistas señalan que al final se han impuesto sus tesis, que la tasa es voluntaria y municipal, y creen que si se genera mucho ruido respecto al impuesto a las pernoctaciones lo que se conseguirá es que no se sume ningún ayuntamiento. Mientras los socios exigen que se cumpla el acuerdo parlamentario que recoge redactar la ley este trimestre y esgrimen que los pactos son sagrados, el propio president, Ximo Puig, ha advertido que la tasa sigue sin ser un asunto prioritario.

Pero en el PSPV insisten en el discurso de la estabilidad, la unidad y la moderación y en la necesidad de remarcarla como el elemento diferenciador respecto al bloque de la derecha que convoca elecciones anticipadas y y fuerza rupturas entre sus socios, como ha ocurrido entre el PP y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Murcia o Castilla y León.

«Por eso no debemos magnificar los cabreos y cuantos menos conflictos tengamos, mejor, aunque si los socios quieren diferenciarse el reto lo tienen ellos», añade un alto cargo socialista.

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