El Consell acaba de encontrar en Cataluña un aliado inesperado en la reforma del modelo de financiación. La Generalitat de Cataluña regresa al debate sobre el reparto del dinero, del que se había excluido con el procés, y lo hace con posiciones cuya filosofía es plenamente coincidente con las alegaciones planteadas por el Consell, que ha hecho suyas las propuestas del comité de expertos, avaladas también por los partidos, patronal y sindicatos integrados en la plataforma Per un Finançament Just. Hoy mismo ha vuelto a avalar el documento el presidente de los populares, Carlos Mazón.

Cataluña entra en el debate de la financiación con un rechazo frontal al documento del Ministerio de Hacienda. También la propuesta valenciana es crítica con la del departamento que dirige María Jesús Montero. En el texto catalán, de diez páginas, frente a las más de 70 del valenciano y 240 del Ministerio de Hacienda, el Govern catalán deja claro que todos sus esfuerzos se dirigen hacia la consecución de una soberanía fiscal plena para Cataluña. Sin embargo, el ejecutivo que preside Pere Aragonès, muestra una posición más pragmática que en anteriores negociaciones y, como esa soberanía que pide no se ha alcanzado, apuesta por expresar sus opiniones ante la propuesta de Hacienda.

Así, una posición coincidente con la manifestada por el Consell es la de proponer que la variable de la despoblación, por la que presionan las autonomías con menos habitantes como Castilla y León, Galicia o Asturias, entre otras, y a la que el líder del PP, Pablo Casado, se ha comprometido a que tenga peso en el modelo, debería quedarse fuera de la financiación.

Mientras los valencianos creen que el peso de la despoblación en el sistema debe ser nulo, el documento de la Conselleria de Hacienda de Cataluña sostiene que no debería incorporarse a las variables correctivas, sino ser tratada fuera del modelo de financiación, mediante políticas públicas que reviertan o la atenúen, igual que ha manifestado el Consell. Todo ello en pleno debate sobre la España vaciada, incrementado por el arranque de la campaña electoral en Castilla y León.

Además, Cataluña rechaza incluso el propio concepto de población ajustada, que no se corresponde con la población real que figura en el censo, sino que es un cálculo que agrupa una serie de factores para determinar el coste de los servicios y por eso cada territorio pide potenciar unos u otros para que el cálculo le resulte más beneficioso. Así el cálculo se ha venido realizando tras un complicado sistema que incluye gasto sanitario, educativo o referente a las políticas sociales, pero también con la sólida presencia en el modelo vigente de elementos como la despoblación, la dispersión o la insularidad. 

Los expertos valencianos ya han concluido que la despoblación no debería aparecer en el cálculo y que la dispersión no genera más gasto sino menos y que en cambio la insularidad sí debe ser tenida muy en cuenta porque encarece los servicios. Si Cataluña considera que el modelo de Hacienda le perjudica porque su población real es más que la ajustada, eso también ocurre con la población valenciana, en torno a cinco millones, pero cuenta por menos. Así, Cataluña considera que el criterio que debería prevalecer es el de la población real. 

Igual que los expertos valencianos ponen en cuestión algunos datos estadísticos porque resultan opacos y poco transparentes, el documento catalán también cuestiona el de las tarjetas sanitarias, por ejemplo, porque no es una cifra transparente ya que cada autonomía aporta sus datos pero no hay un registro único, dicen. 

E igual que el documento valenciano, el catalán también señala que la propuesta de Hacienda es técnicamente mejorable. Según Cataluña, introduce variables correctivas poco robustas mientras deja fuera otras que pueden tener una relación directa con las necesidades. Como señala el texto valenciano, también para Cataluña la propuesta de Hacienda no es una propuesta de reforma del sistema de financiación, sino sobre uno de sus elementos, la población ajustada, el que debería plantearse en último lugar, dice la alegación del Govern.

Además Cataluña cree que la revisión del modelo de financiación sobre la población ajustada viene a indicar que el modelo global que se va a proponer no va a mejorar la autonomía financiera de las autonomías y vislumbra un modelo en el que van a prevalecer las necesidades de gasto en lugar de considerar primordial la capacidad tributaria de cada comunidad.

Sin embargo, socialistas y comunes han pedido al president Aragonès que plantee una propuesta y no se quede exclusivamente en el rechazo a la que presenta el Gobierno. 

El PP valenciano ha alertado esta mañana de que la propuesta catalana es perjudicial para los intereses valencianos.

Mientras, el PP valenciano ha alertado esta mañana de que la propuesta catalana es perjudicial para los intereses valencianos.

Baleares, por su parte, pide considerar la población flotante y las diferencias de precios entre autonomías en la financiación, Castila-La Mancha pide incorporar que la superficie no sea solamente un elemento corrector sino estructural porque en la combinación de ambos está la densidad y se acerca a la financiación del coste efectivo de los servicios. Y un fondo adicional para despoblación.

Mientras, el Gobierno murciano ha rechazado que la reforma del sistema de financiación autonómica se base solo en el criterio de población ajustada y ha exigido, mientras no se aprueba el nuevo modelo, que haya un fondo de nivelación y un saneamiento de la deuda, como propone también la Comunitat Valenciana.

Y Galicia opina que con el actual modelo de financiación recibe 800 millones de euros anuales menos de lo que le cuesta a la Xunta financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales básicamente por la dispersión.