Seis entidades sociales (Federació d’Associacions d’Estudiants (FADES), Fundació Horta Sud, Moviment Laic i Progressista Valencià, Casa de Joventut la Maranya de Benicàssim, Fundación Movimiento Ciudadano y Impuls) han presentado de forma conjunta sus aportaciones y propuestas de mejora de la Ley de Participación que está elaborando la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática, pues consideran que la propuesta actual presenta "una visión individualizada" de la participación y duplica funciones "que ya lleva a cabo el movimiento asociativo".
De esa forma, las organizaciones han expresado su “voluntad de construir de manera conjunta con la administración pública” y reflejar a la vez una “postura compartida”: el carácter fundamental de las asociaciones. Desde las entidades han destacado también que esa postura “a veces no se ve reflejada en los posicionamientos de la administración”.
Las entidades recuerdan que el principio de subsidiariedad dice que cuando los ciudadanos pueden conseguir sus fines, las administraciones deben apoyar a las asociaciones, pero nunca sustituir su labor
Las entidades proponen cambiar la redacción de determinados artículos que, consideran, “solo valoran como procesos de participación ciudadana aquellos que impulsa el Consell”. Asimismo, consideran que la definición de participación ciudadana propuesta contradice la exposición de motivos de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociaciones y se "desvincula del asociacionismo". Por eso mismo, reclaman que se cumpla la Ley de Derecho de Asociación, que señala “la importancia de las asociaciones como agentes de cambio y transformación social, de acuerdo con el principio de subsidiariedad”.
"Nunca sustituir la labor de las asociaciones"
Ese principio establece, según las entidades que, "cuando los ciudadanos pueden conseguir adecuadamente sus fines, las administraciones deben respetar a las organizaciones que lo están haciendo y apoyarlas, pero nunca sustituir su labor".
“No se entendería que la administración invadiera una competencia propia de las empresas, pero lo está haciendo con las asociaciones”
En ese sentido, recuerdan que el principio de subsidiariedad es “uno de los principios en los que se sustenta la Unión Europea”, y que “no se entendería que la administración invadiera una competencia propia de las empresas, pero si que lo hace cuando afecta a las asociaciones”.
Por último, también incluyen más de veinte propuestas de apoyo a las asociaciones “que se podrían implementar sin esperar a la aprobación de la ley”. Entre ellas, se encuentra el impulso de la cesión y la gestión cívica de los locales inutilizados de la Generalitat, la colaboración en la educación formal mediante programas de aprendizaje-servicio o servicio cívico, o que se desarrolle la ley de asociaciones para que los registros municipales estén conectados automáticamente con el censo de la Generalitat.
