El Arzobispado investiga cuatro casos de abusos y remite uno de 2020 a la Fiscalía

El Arzobispado de Valencia investiga cuatro casos de acusaciones de pederastia en distintas congregaciones religiosas valencianas y ha remitido un quinto a la Fiscalía Provincial. Los primeros se remontan a décadas pasadas, entre los años cincuenta y sesenta. El último, más reciente, se conoció a través de la Oficina de Atención a las Víctimas abierta por la diócesis en 2020 siguiendo las indicaciones del papa Francisco. El Vaticano conminó en diciembre de 2019 a las autoridades eclesiásticas a registrar las denuncias y cooperar con la justicia civil comunicando todos aquellos testimonios de abusos.

Dos de las denuncias corresponden a sendos colegios y un tercero a un sacerdote con nombre y apellidos, Enrique Cogollos, de la parroquia de Higueruelas, del que se están recabando datos. En el cuarto el Arzobispado continúa con la investigación a otra congregación porque el cura acusado ya falleció, señalan.

En cuanto al enviado a la Fiscalía, no se facilita la identidad para preservar a la familia y al denunciante e insisten en que se está haciendo «todo lo posible por aclarar todos los hechos aunque algunos se remonten a épocas pretéritas». En ese sentido inciden en que frente a la vía judicial ordinaria, la prescripción canónica alarga los plazos hasta los veinte años contados siempre a partir de la mayoría de edad de la víctima.

Denuncias en tramitación

En paralelo, la Fiscalía Provincial de Valencia recibió ayer mismo la petición de la Fiscalía General del Estado para que le informe sobre los procedimientos penales en tramitación y que tengan por objeto el esclarecimiento de denuncias o querellas por agresiones sexuales a menores. Tanto en el seno de congregaciones, centros educativos o cualquier otra institución religiosa. En el plazo de diez días, además, las distintas fiscalías autonómicas deberán enviar el número de causa o proceso, el año y también el órgano responsable de su investigación.

Comisión en el Congreso

La reclamación coincide con la Junta de Portavoces que este martes debatió en el Congreso de los diputados la tramitación de una comisión de investigación sobre esos supuestos delitos. En junio de 2019, la Fiscalía General advirtió de que las medidas para evitar y denunciar los abusos en la Iglesia eran «deficientes». Urgió también a los obispos españoles a llevar cada declaración o confesión a la justicia, prescindiendo de «comprobaciones o filtros internos de verificación». Entonces ya apuntó que son las autoridades públicas y la Fiscalía las que «deben asumir el estudio del caso y la valoración de la existencia de indicios para formular la denuncia y quienes, simultáneamente, deben velar por la protección de los menores afectados».

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Procedimiento laborioso

La fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Teresa Gisbert, dio a primera hora de la mañana de ayer la orden a las tres fiscalías provinciales de ponerse manos a la obra con el mandato del ministerio público. El objetivo es poder remitir antes de los diez días preceptivos toda la documentación posible, pese a lo laborioso de rastrear de forma manual las diligencias en activo o aperturadas en los distintos juzgados valencianos. La base de datos informática no incluye la religiosidad del presunto autor o el entorno donde se ha producido el delito. El oficio de la Fiscalía General ha sido bien recibido por lo que supone para trazar un mapa real de los abusos en la Iglesia, así como el importante espaldarazo a las víctimas para seguir denunciando.

En abril del año pasado, la Iglesia reveló por primera vez datos de casos de abusos sexuales a menores desde el año 2001 y admitió que en estas dos últimas décadas, un total de 220 religiosos fueron denunciados, de los que 151 casos ya se habían resuelto y 69 seguían abiertos. En el Congreso, mientras, se va a debatir si se abre una investigación, como han solicitado Unidas Podemos, Esquerra Republicana y EH Bildu.

Desde el Arzobispado se remarca la existencia de la Oficina de Atención a las Víctimas de la diócesis como el canal al que acudir. E insisten en la voluntad de esclarecer cualquier hecho como demuestra el testimonio remitido a la Fiscalía Provincial.

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