La central de Cofrentes amanece este jueves con la etiqueta verde de la Unión Europea. La nueva catalogación llega sin que nada haya cambiado en su manera de funcionar en las últimas 24 horas, pero es una de las consecuencias del nuevo reglamento aprobado por la Comisión Europea. En este, se incluye a la energía nuclear y al gas entre las formas de producir energía que contribuyen a luchar contra el cambio climático.
El nuevo color que luce su actividad, sin embargo, no ha hecho cambiar la opinión que Compromís y Unides Podem respecto a su futuro. Ambas formaciones son las que más claramente se han mostrado en contra de la energía nuclear y no solo lamentan la decisión adoptada por Bruselas sino que intentarán vetar su implementación a partir de sus representantes y partidos asociados en el Parlamento Europeo.
La central nuclear de Cofrentes tiene su vida útil prorrogada hasta 2030 después de que el Gobierno de España ampliase este plazo en marzo; no obstante, el objetivo de los dos partidos de izquierdas es que se cierre en 2024 cuando se cumplirán 40 años de funcionamiento. Es una reivindicación que defendieron ya hace un año en una convocatoria de la plataforma Tanquem Confrents en la que pedían no prorrogar la vida útil de la planta "ni un día más".
En aquel evento participó y defendió el inminente cierre el PSPV que en este momento vuelve a colocarse de perfil. Dicen que es pronto para tomar una valoración tras el nuevo posicionamiento de Bruselas, que es un asunto complejo que se ha de valorar con calma, pero recuerdan que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, del PSOE, ya defendió hace dos semanas que ni el gas ni la nuclear cumplían los criterios para ser consideradas energías sostenibles.
«Calificar de verde una energía que genera residuos que duran siglos y siglos es pervertir el lenguaje»
Por su parte, tanto como Compromís como Unides Podem mantienen la presión y continúan en la postura de reclamar el cierre pronto. De hecho, el temor en las dos formaciones es que la decisión de Bruselas y la nueva etiqueta verde a este tipo de energía pueda suponer una "vía de escape" y una justificación para no cumplir con lo que consideran compromisos adquiridos respecto al tiempo de vida de la planta.
"El cambio en el marco puede visibilizar en positivo la imagen de una central que está caducada y que no tiene sentido ampliar porque ya ha cumplido su vida útil", reivindica Julià Álvaro, portavoz de Alianza Verde, la rama ecologista dentro de Unides Podem. "No cambia nada en que se cierre Cofrentes en 2024, fue un compromiso con los valencianos, tenía que haberse hecho en 2021, pero dijeron que no había tiempo y lo que no hubo es prioridad", insiste por su parte el diputado de Compromís en Corts, Juan Ponce, miembro de VerdsEquo.
Ambos rechazan la nueva catalogación tomada por la Comisión Europea y destacan que se trata de una "victoria" de los lobbies de la energía nuclear y del gas. Así, para Álvaro supone "un paso atrás" e indica que de sostenible "tiene bien poco" una energía que al ser producida genera "residuos radiactivos que son una bomba de relojería". "En una situación de emergencia climática no nos podemos quedar con la opción mala por mucho que sea mejor que la muy mala", añade. Ponce califica de "perversión de lenguaje" llamar verde a una energía que genera residuos que duran "siglos y siglos" y recuerda los "peligros y riesgos a medio y largo plazo que suponen".
Entre las consecuencias que creen que pueden darse tras la decisión de Bruselas no está solo en la planta de Cofrentes, por señalar el caso valenciano, sino que supondrá "un desincentivo a las energías verdes", una de las claves de los efectos prácticos de la etiqueta verde. Esta supondrá atraer inversiones multimillonarias que ahora, en vez de ir las energías renovables más clásicas, podrán ir al gas y a la nuclear. Todo con los fondos europeos en acción.
