El grupo socialista en las Corts ha retirado su enmienda sobre la composición del futuro Consejo de Transparencia, un movimiento que, tal como avanzó ese diario, supone el paso definitivo para desbloquear la proposición de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno presentada en septiembre de 2020 en las Corts por los tres socios del Botànic: PSPV, Compromís y Unides Podemos y que permanecía atasca, entre otras razones, por las diferencias en el seno del tripartito sobre cómo debe funcionar el órgano de control cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la información pública y velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa.
Desde que el texto llegó formalmente al parlamento, excepto una de las consejeras, el resto de miembros del Consejo de Transparencia se encuentran en funciones y con el mandato expirado en espera de una renovación.
La propuesta de ley presentada en las Corts (si bien ‘cocinada’ en el departamento que dirige Rosa Pérez) contempla un cambio en le diseño del órgano, en concreto, una adelgazamiento, de forma que, en lugar de los actuales cinco miembros, el parlamento designe a tres personas, todas ellas con dedicación exclusiva y con rango de dirección general. El actual consejo, elegido también por mayoría cualificada en las Corts, sólo cobra dietas por asistencia a las reuniones.
Aunque en un principio el PSPV avaló la propuesta original, más tarde y en el periodo de enmiendas, abogó por una vía intermedia ante el temor teme no encontrar candidatos o candidatas dispuestas a dar el paso ya que ni la carga de trabajo ni el salario puede resultar atractivo para alguien que ya se encuentre activo, por ejemplo, con un perfil profesional o académico. Así pues apostaban por un sistema mixto con con cuatro miembros, la mitad tenga dedicación exclusiva.
Este asunto frenó la tramitación y los grupos del Botànic decidieron darse más tiempo para llegar a un acuerdo. Finalmente y ante las reticencias, sobre todo de Unides Podem, de cambiar la propuesta original, el PSPV ha optado por retirar la enmienda.
Comisión en febrero
Con este obstáculo ya despejado, está previsto que las enmiendas parciales a la ley se debatan y voten en comisión este mismo mes de febrero. El objetivo ahora es atraer también a los grupos de la oposición, principalmente a Ciudadanos, aunque también, dado la materia que aborda la ley, se aspira a sumar de alguna manera a los populares.
La renovación del consejo se antoja complicada ya que el tripartito necesitará el apoyo de la oposición para los nombramientos
Ahora bien, aunque haya acuerdo sobre la composición del Consejo de Transparencia, el horizonte de su renovación sigue lleno de nubarrones ya que cuando la nueva ley entre en vigor, los partidos tendrán que ponerse de acuerdo para designar a los futuros consejeros y consejeras ya que la futura ley marca que deben ser escogidos por una mayoría de tres quintos, es decir, al menos 60 votos. A partir de la propuesta de las Corts, el nombramiento se efectuará por decreto del presidente de la Generalitat.
El actual consejo fue pactado por el tripartito con Ciudadanos y el PP, de manera que todos los grupos (de la anterior legislatura) podían escoger un candidato o candidata. Ahora ya no serán cinco miembros, sino tres en un parlamento con seis grupos. En principio, los miembros actuales pueden seguir en funciones hasta su renovación, pero más de uno, empezando por su presidente, ya ha mostrado en privado su interés en dejar el cargo.
El consejo posee una importante carga de trabajo y ha ido ganando recursos respecto a los inicios, cuando trabajaba bajo mínimos. La futura ley les otorga incluso más funciones y se convierte en un pieza clave para avanzar en la transparencia.
