La decisión de la Comisión Europea de calificar la energía nuclear como verde ha dado munición a PP y Ciudadanos contra el Consell y el Gobierno de España. La nueva catalogación del gas y la nuclear tiene su vertiente valenciana en la central de Cofrentes, una planta que la izquierda pide cerrar entre 2024 y 2030, fecha en la que termina su última prórroga, y la derecha quiere que siga en marcha, para lo que utiliza el nuevo aval de Bruselas a esta forma de producir energía.
Tanto PP como Ciudadanos han aprovechado el anuncio de la Comisión Europea para calificar la propuesta de cierre de "sectarismo" por parte de los partidos del Botànic y reivindicar el impulso a esta energía y a la planta de Cofrentes. Así, mientras en PSPV, Compromís y Unides Podem han cargado contra la resolución del ejecutivo comunitario (los últimos, los socialistas, que han calificado la medida de "postura desacertada"), para la oposición se trata de un motivo de alegría.
"Me alegro de que se hayan establecido estas industria como industrias verdes, pues nos ha costado mucho que algunos lo entiendan y que salgan a veces de esa manera de ver las cosas tan sectarias y con tanto prejuicio", ha expresado el presidente del PPCV, Carlos Mazón, quien ha asegurado que hay quienes han "demonizado" esta industria que hace que la Comunitat Valenciana "pierda competitividad" mientras a a países como Francia "le está dando un resultado muy concreto y palpable".
Precisamente frente a esta pérdida de competitividad, el diputado de Ciudadanos en las Corts, Carlos Gracia ha calificado de “grave error” que, “por puros prejuicios ideológicos”, los socios del tripartito “continúen con sus ataques sectarios y se empeñen en poner palos en las ruedas al desarrollo de la Comunitat Valenciana”. "La Unión Europea ha catalogado recientemente la energía nuclear como ‘energía verde’ y defiende la apuesta clara por las inversiones en este tipo de energía como aliado hacia la economía descarbonizada”.
La postura de los partidos del Botànic, no obstante, se mantiene intacta y defienden la hoja de ruta trazada hasta ahora. Esta pasa por el cierre de la central de Cofrentes entre 2024 y 2030. Compromís y Unides Podem son los que más aprietan para que el fin de la vida útil de la planta sea "cuanto antes" y ponen el objetivo en los próximos tres años cuando se cumplan 40 años de su inauguración y piden comenzar a preparar ya su desmantelamiento.
Desde el PSPV, no obstante, fijan la meta en 2030. En marzo del año pasado el Ministerio de Transición Ecológica amplió la prórroga de la instalación hasta el 30 de noviembre de ese año y es el límite que señalan los socialistas valencianos. Su diputado en las Corts, David Calvo, ha insistido en que esta es la senda establecida tanto por el Gobierno de España como por el Botànic que, además, se basa en conseguir proyectos de energía renovable de hasta 6.000 megavatios en 2030. Asimismo, ha recordado que la formación ha presentado una iniciativa en el parlamento valenciano para "trabajar en el día después del apagón de la central" y para que no haya "un apagón poblacional". "Tenemos ocho años para conseguir un Plan B", defiende.
