Principio del fin del modelo Blasco-Cotino en las plazas residenciales de personas mayores. El pleno del Consell ha autorizado, a petición de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la licitación de un nuevo contrato para la puesta a disposición de la conselleria un total de 7.100 plazas en centros residenciales de personas mayores de la Comunitat Valenciana. Un contrato, con un valor estimado de 981,3 millones de euros, y cuyo objetivo es desmantelar el sistema que implantó el Gobierno popular y que arrancó en 2000 con el exconseller Rafael Blasco en tiempos de Eduardo Zaplana. Este modelo, que continuó el exconseller y expresidente de las Corts, Juan Cotino, en la etapa de Francisco Camps, supuso la puesta en marcha de un plan de 9.000 nuevas plazas con la entrada en el negocio de empresas constructoras que levantaban los centros y los gestionaban por 15 años (prorrogables a 25) con contratos hechos a medida por parte de la Administración. En el 2016, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana falló que la exclusividad de las plazas concertadas en el marco del Programa de Accesibilidad Social era sólo era aplicable para el primer tercio de las mismas y en 2019 el Tribunal Supremo ratificó esta sentencia.
Con esta herencia jurídica y administrativa envenenada, la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, azote en su momento desde la oposición de modelo de gestion, ha tenido que esperar casi ocho años, ya como titular del área, para comenzar a finiquitar un modelo que siempre generó sospechas respecto a las adjudicatarias. No en vano benefició durante años a empresas vinculadas a la familia Cotino. De hecho, dar carpetazo al modelo estaba en su hoja de ruta al estrenar el primer Botànic, pero el proceso ha sido mucho más complejo y laborioso de lo previsto.
Con todo, la vicepresidenta del Consell está aún lejos de lograr, tal como defendía en la oposición , la reversión plena del sistema a lo público. Para ello hacen falta construir residencias públicas, una asignatura pendiente cuando se encara ya la recta final de la legislatura. Ahora bien, la nueva fórmula obliga al sector privado a ajustarse a criterios de interés público. Nuevos pliegos en los que, según defiende la consellera, priman las condiciones sociales a las económicas y que, es la idea, deje atrás una práctica que ha lastrado la gestión en la conselleria: los expedientes de enriquecimiento injusto a los Igualdad ha tenido que recurrir para prorrogar los contratos en espera de que el resto fueran venciendo.
Por lo pronto, el contrato unifica en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Conselleria de Igualdad y que se incorporan al Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales como plazas que son sostenidas con fondos públicos. De las 7.100 plazas; 886 están en Castelló, 4.191 en València y 2.023 en Alicante. El periodo del contrato es de tres años prorrogable por otros dos.
Oltra ha explicado hoy, tras la reunión del pleno del Consell, que el contrato "supone la liquidación del modelo Blasco-Cotino de accesibilidad social, la implantación plena de un nuevo modelo, donde lo importante son las personas residentes y no el negocio".
En este sentido, ha destacado que en la pasada legislatura ya se dieron pasos eliminando trabas que reducían la contratación "a unas pocas firmas afines al antiguo gobierno", con la introducción de condiciones antimonopolio "para que las empresas pudieran concurrir a las contrataciones en igualdad de condiciones".
Asimismo, se comenzaron a valorar condiciones relacionadas con la mejora de la calidad asistencial, se endurecieron los criterios para eliminar las bajas temerarias y se redujo el peso del precio en la adjudicación.
Igualdad cambia el sistema de adjudicación, de manera que la adjudicación va determinada por criterios de calidad
Oltra ha manifestado que ahora se ha querido dar un paso más y en los nuevos contratos "se cambia el sistema de adjudicación, de manera que la adjudicación va determinada por criterios de calidad", con la introducción de nuevos parámetros valorables mediante fórmulas objetivas.
"Criterios de carácter social, medioambiental y de innovación, que modulan la relación coste-eficacia y la relación calidad-precio", ha añadido. Como ejemplo ha puesto que q estos pueden estar relacionados con la alimentación que se ofrece en las residencias o con mejoras laborales y salariales, entre otros.
La vicepresidenta ha explicado que estas plazas servirán para atender a las personas mayores en situación de dependencia, para las cuales se proponga el ingreso en un centro residencial, así como para atender a aquellas personas mayores no dependientes que tengan la necesidad social de una plaza residencial.
"Este contrato tiene la finalidad de unificar en un único expediente todas las plazas privadas puestas a disposición de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en anteriores contratos, de manera que englobará las 5.075 plazas con contrato vencido o próximo a finalizar, así como las 406 que vencerán a lo largo de 2022 y las 80 que lo harán en 2023", ha puntualizado.
De igual modo, se propone la licitación de 1.539 nuevas plazas, con la finalidad de atender la gran demanda que existe en el ámbito de las personas mayores.
Está por ver ahora, cómo responde el sector a esta nueva licitación en la que, en principio, el margen de beneficio será menor que en épocas pasadas y que pone a prueba a las empresas privadas.
