La Associació de Juristes Valencians quiere que el president de la Generalitat, Ximo Puig, se "implique directamente" en la recuperación del derecho civil valenciano". En una carta abierta redactada por la organización y que ha conseguido el apoyo de 300 integrantes destacados de la sociedad civil, la entidad aprovecha la efeméride de los 40 años de la aprobación del Estatut para que la reivindicación de un derecho civil propio no caiga en el cajón del olvido o de las reclamaciones sepultadas por la inacción. De hecho, el próximo día 28 de febrero, la asociación acudirá al Congreso para reclamar el avance de un asunto cuando se cumplan dos años de su paralización.

"Nos vemos obligados a apelar a la responsabilidad de Vd MH president de la Generalitat, como representante de la Comunitat Valenciana, como indica l´Estatut en el art.28-1, para agilizar el trámite parlamentario y defender y conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto las Corts", detalla la carta dirigida al jefe del Consell al considerar que la lealtad de los valencianos "no está siendo correspondida por los grupos parlamentarios mayoritarios, ni por las cúpulas centrales de sus partidos".

Entre los firmantes se encuentran figuras destacadas como el presidente de la patronal, la CEV, Salvador Navarro; las máximas responsables de los sindicatos CC OO PV, Ana García Alcolea, y de Intersindical, Beatriu Cardona i Prats; el expresidente del Consell preautonómico Josep Lluís Albinyana; el expresidente de las Corts, Héctor Villalba; el alcalde de València, Joan Ribó, expertos en derecho de las diferentes universidades, representantes de una vertiente y otra del valencianismo (tanto del llamado 'blaverismo' como defensores de la unidad de la lengua), así como el presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella Vila.

Así, en esta misiva, la organización le pone deberes al jefe del Consell en dos ámbitos. En primer lugar, "realizar gestiones ante los grupos parlamentarios del Congreso y Senado para explicar la urgencia y relevancia de esta reforma técnica de la Constitución", un cambio en la Carta Magna necesario para que la Comunitat Valenciana pueda desarrollar estas leyes propias recogidas en la reforma del estatuto de autonomía de 2006.

El segundo punto que cumplir está en que Puig "garantice el respaldo del grupo socialista al Proyecto de Reforma Constitucional del artículo 49", pedida por la propia asociación en las Corts. En este sentido, consideran que "un voto contrario o una abstención del grupo socialista daría lugar, por acción u omisión, a una crisis institucional gravísima contraria al autogobierno de los valencianos" ya que supondría incumplir el punto 6-7 del Pacte del Botànic en el que se recoge la necesidad de recuperar este derecho civil valenciano.

"La sociedad y el municipalismo valenciano no aspiramos a más autogobierno con esta reforma constitucional, sólo reclamamos que no se nos discrimine"

La posibilidad de impulsar el derecho civil propio se encuentra estancada más de dos años en el Congreso pese a la unanimidad que suscita el asunto en el arco parlamentario valenciano (antes de la aparición de Vox). La reforma del Estatut en 2006 abrió la posibilidad de recuperar estas normas, pero en 2016, el Tribunal Constitucional declaró las leyes civiles modernas inconstitucionales, un hecho calificado de "nuevo Almansa" y "recorte del autogobierno". Es por ello que es necesario que las cortes españolas den su visto bueno a una pequeña modificación de la Carta Magna que esquivase el recurso de inconstitucionalidad.

La misiva destaca el "amplio apoyo" que existe en la sociedad valenciana respecto a que se impulse este derecho civil propio y recuerdan que sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 539 ayuntamientos, que representan a más de cinco millones de valencianos y valencianas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias "han apoyado la reforma constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y socia".

Para los firmantes de la carta "no puede hablarse de autonomía política plena valenciana ni celebrar el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía de 1982, en la situación actual en la que se impide la aplicación efectiva del Preámbulo y los artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-2, 71-1-c y la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto". "La sociedad y el municipalismo valenciano no aspiramos a más autogobierno con esta reforma constitucional, sólo reclamamos que no se nos discrimine a los valencianos, que no se nos trate como españoles de 2ª clase y garantizar definitivamente el ámbito de gestión propio previsto en nuestro Estatuto", añaden.

Por último, destacan que el "renovado consenso cívico" debe tener respuesta de Puig al estar "obligado a defender el autogobierno ante cualquier instancia y hacer valer la legitimidad del apoyo social del pueblo valenciano por encima de consignas de partido o coyunturas políticas que recortan de facto el Estatuto Valenciano, precisamente cuando se cumplen 40 años de la recuperación del autogobierno valenciano".