La Fiscalía mantiene su petición de cuatro años de prisión para el propietario de una agencia de viajes de Valencia al que se juzga en Murcia por apoderarse de los 283.600 euros que 652 estudiantes de doce provincias españolas, entre ellas Valencia y Alicante, le entregaron para un viaje de estudios a Palma de Mallorca que suspendió la misma noche en que iba a comenzar.
El representante del Ministerio Público ha pedido también que se condene al acusado, David M. Z., a devolver a los alumnos las cantidades recibidas por ese viaje fallido.
A lo largo de su informe, el fiscal del caso ha recalcado que el denunciado recibió el dinero para un fin muy concreto y que en lugar de destinarlo al mismo lo hizo suyo, para añadir que confundió los intereses de la empresa, Grupo Dor Ocio, con los suyos propios, hasta el punto de que cargó a las cuentas de la misma lo que eran gastos domésticos.
Y ha añadido que, en contra de lo que sostuvo el acusado cuando declaró en el juicio, los reintegros registrados en las cuentas bancarias no fueron realizados para el pago de comisiones, ya que se trataba de "cifras redondas", sino que los mismos tenían otro objeto.
En otro momento de su informe ha explicado que el denunciado no tuvo ningún interés en reparar el daño causado, pese a que con posterioridad ha creado otras tres sociedades, para recordar también que tras enviar el comunicado en el que se anunciaba la suspensión del viaje no hubo forma de conectar con él ni con nadie de la agencia.
El fiscal ha rechazado los alegatos que mantiene la defensa, que pide la absolución de David M. Z. al señalar que este asunto ya fue resuelto a través del concurso de acreedores y que si no se pudo hacer la excursión, como estaba programado, fue por las dificultades económicas por las que atravesó la empresa en aquellos momentos.
Origen de los estudiantes afectados por la estafa
La acusación estatal ha recordado que los estudiantes perjudicados residen, en su mayor parte, en Valencia, Alicante, Murcia y Cuenca, aunque también los hay de Madrid, Guadalajara, La Rioja, Córdoba, Sevilla, Tarragona, Castellón y Barcelona.
Y ha añadido que cada uno de ellos entregó al acusado alrededor de 500 euros por el viaje, que estaba previsto arrancara de València los días 21 y 25 de junio de 2013, con regreso, respectivamente, el 28 de junio y el dos de julio, aunque la misma noche en que los afectados iban a iniciar la excursión recibieron un mensaje del denunciado en el que les comunicaba la suspensión del mismo.
Poco después solicitaba la declaración de concurso de acreedores, que fue aprobada por un juzgado de lo Mercantil de la Ciudad del Turia en junio de 2014.
Las acusaciones particulares, que defienden a varios de los perjudicados, han coincidido con las posiciones del fiscal, y una de ellas ha dicho que la conducta del acusado puede ser constitutiva de un delito de estafa.
Por su parte, el letrado de Viajes Soltour se ha adherido a la calificación de la fiscalía y ha rebatido la afirmación del acusado, que declaró que la excursión resultó inviable tras las garantías exigidas por esa empresa para prestar sus servicios.
