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Transparencia impone 16 sanciones leves a altos cargos por no presentar a tiempo sus declaraciones

La Oficina de Intereses hace balance y constata que el sector público es el principal caladero de cargos públicos

La consellera de Transparencia, Rosa Pérez Garijo.

La Oficina de Control del Conflicto de Intereses, adscrita a la Conselleria de Participación y Transparencia, y cuya misión es prevenir las puertas giratorias y verificar el cumplimiento de la ley de Transparencia por parte del personal alto cargo de la Generalitat, ha resuelto desde que está en funcionamiento (agosto de 2018) un total de 16 procedimientos sancionadores (dos de ellos, aún en trámite) por no presentar en el plazo debido las declaraciones correspondientes en materia de bienes y patrimonio.

Una exigencia que lleva aparejado todo alto cargo cuando es nombrado o cesa su actividad. Así, lo recoge el memorándum hecho público recientemente por la oficina en el que se hace balance de sus actuaciones en el periodo que va desde 2017 y 2021.

Según los datos facilitados, todas las sanciones impuestas son de carácter leve, lo que implica simplemente, si no existe reiteración, una amonestación. El grueso de las sanciones se refieren a 2020, año en el que se detectó una decena de incumplimientos de las obligaciones de transparencia por parte del segundo escalón de la Administración.

La oficina apunta que el "significativo incremento" obedece al hecho de que después de las elecciones autonómicas de 2019 se produjo un aumento de trámites como consecuencia de los nuevos nombramientos, los ceses y los cambios de puestos entre diversas conselleries.

"Eso hizo que aumentara el volumen de trámites que rellenar, por lo que el porcentaje de incumplimientos también se incrementó", añade el informe. Con todo, son cuestiones menores ya que "obedecen a la no presentación en plazo de las declaraciones a las que están obligados".

El memorándum aporta otros datos que ofrecen una completa radiografía de la actual cúpula directiva de la Generalitat. Una de las conclusiones, tal cómo en su día adelantó este diario con la elaboración propia de la información disponibles, es que el segundo escalón se nutre de personas que proceden del sector público y muy pocos, al cesar, tienen como destino el sector privado.

Así, la Oficina de Intereses ha verificado la procedencia y el destino del total de los 137 cargos cesados durante las dos legislaturas botánicas (76 en la primera y 61, en la segunda) y llega a varias conclusiones. La principal es que la mayoría de cargos públicos provienen de personas procedentes del sector público (100 frente a 34), si bien existe un aumento porcentual en la presente legislatura al pasar de 12 personas a 22 que dieron el salto desde la empresa privada.

Destaca el informe que de los cargos que vienen del sector privado, la gran mayoría vuelven a las mismas organizaciones de las que procedían cuando cesan

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Destaca el informe que de los cargos que vienen del sector privado, la gran mayoría vuelven a las mismas organizaciones de las que procedían cuando cesan (17 de las 34), al tiempo que es común que los altos cargos concatenen varios destinos dentro de la propia Generalitat.

Llama la atención de esta oficina que son prácticamente testimoniales los casos de personas que reinician su actividad privada en un ámbito distinto del que procedían. De hecho, solo han registrado un caso. "Puede ser un indicador que tener en cuenta", apunta. La oficina solo tiene constancia de seis personas que han pasado a situación de inactividad sea por jubilación, desocupación u otra circunstancia.

Por otro lado, el órgano de Transparencia ha dictado un total de 545 resoluciones de compatibilidad (ninguna de incompatibilidad) entre los años 2018 y 2021. Pronunciamientos que permiten al alto cargo consultante ejercer alguna actividad distinta a la inherente a su puesto de responsabilidad. Cabe apuntar que esta segunda actividad está muy restringida y se limita a cuestiones relacionadas con docencia o participación en tribunales, jurados, ponencias, pero sin remuneración.

En el apartado de declaraciones de abstención o inhibición a las que están obligados los cargos públicos cuando intervengan en asuntos en los que pueda darse un conflicto de intereses, en el periodo estudiado se han registrado 15 abstenciones, cuatro inhibiciones y ninguna recusación.

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