Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La negociación en el Consell sobre el requisito lingüístico entra en fase crítica

Justicia quiere un acuerdo ya para evitar armar a la derecha y Compromís se resiste a la propuesta actual sobre el nivel exigible

La consellera Gabriela Bravo y el conseller Vicent Marzà

La negociación en el seno del Consell entre las conselleries de Justicia y Administraciones Públicas y Educación para cerrar la letra pequeña del requisito lingüístico para el acceso a la función pública ha entrado ya en fase crítica.

Formalmente quedan dos meses para que se cumpla el plazo que marca la nueva ley de función pública para acordar un reglamento en el que se especifique el nivel de conocimiento de la lengua que, una vez aprobado, se exigirá a cada puesto de trabajo de la Generalitat para acceder a una plaza pública.

Sin embargo, en política los tiempos no se miden solo en semanas, días u horas, sino que, a menudo, tienen que ver con una cuestión de oportunidad. Cuando además a la vuelta de la esquina hay ya unas elecciones autonómicas y cuando la derecha está decidida en convertir la lengua en un arma de desgaste, los plazos también se reinterpretan de otra manera.

La derecha está decidida en convertir la lengua en un arma de desgaste

decoration

De hecho, una parte del Consell, la ubicada dentro del PSPV, es del criterio de que este espinoso asunto debe resolverse de forma inminente o, en caso contrario, dejarse para tiempos de mayor calma política y en los que el ruido que la oposición pueda hacer tenga menor impacto en la ciudadanía.

Tal como avanzó este diario, las negociaciones dentro de la comisión creada ad hoc para consensuar el reglamento están atascadas en una cuestión medular: que nivel de capacitación lingüística debe exigirse en los distintos puestos de trabajo de la Administración valenciana.

El punto clave de fricción se encuentra en el nivel de acreditación de conocimiento del valenciano para los funcionarios de los grupos más altos de la Generalitat, es decir, los A1 y A2. Educación defiende que acorde con su mayor titulación estos puestos requieran un C1, es decir, el antiguo mitjà, mientras que desde desde Función Pública se entiende que con un nivel básico, el antiguo elemental, sería suficiente. La filosofía del departamento que dirige Gabriela Bravo es que de partida no puede exigirse más de lo que el propio sistema educativo acredita cuando se acaban los estudios de Bachillerato.

El punto clave de fricción se encuentra en el nivel de acreditación de conocimiento del valenciano para los funcionarios de los grupos más altos de la Generalitat

decoration

En la actualidad, este alumnado obtiene el B1 de valenciano, que se traduce en un nivel intermedio bajo, si bien Educación trabaja en un decreto de reconocimiento de certificaciones de idiomas, según las horas cursadas durante la ESO, Bachillerato o Formación Profesional que, en principio, está habilitado a finales de 2023.

Con todo, a la parte de discusión técnica (en la comisión hay representación de ambas conselleries, pero también representación de las universidades) se añade la política. La pata socialista del Botànic no quiere alargar esta discusión y que el asunto esté en el foco en el año electoral, mientras que Compromís tiene un dilema: si ceder ante la posición de Justicia y salvar el requisito (uno de sus caballos de batalla más clásicos) o dejar correr el tema y hacer valer también ante los su electorado su defensa de una capacitación lingüística exigente para la función pública valenciana.

Seguridad jurídica

Aunque la ley marca un plazo de un año para el acuerdo (abril de 2022), al caer de la ley la cláusula que blindaba la aplicación del requisito en caso de desacuerdo, el requisito quedará inactivo en espera de acuerdo. Cabe apuntar también que desde el departamento de Bravo se quiere ser muy riguroso a la hora de plasmar en el reglamento el espíritu de la ley, que exige al funcionariado acreditar la competencia lingüística en los conocimientos de valenciano respetando "el principio de proporcionalidad y adecuación entre el nivel de exigencia y las funciones correspondientes".

El PPCV, a diferencia de lo que ha hecho con las normas educativas, no ha llevado a los tribunales la ley de función pública al ser conscientes de que la jurisprudencia en este caso está en su contra y el Tribunal Constitucional ha avalado el requisito en otras comunidades, si bien mirarán con lupa la letra pequeña del reglamento.

Compartir el artículo

stats