Un total de 4.382 familias y particulares figuran como demandantes de vivienda pública de la Generalitat, según los datos proporcionados por conselleria. Es un número bastante considerable, ya que el departamento dirigido por Héctor Illueca solo ha sido capaz de incorporar 767 viviendas al parque público en toda la legislatura. Ahora mismo conselleria dispone de 12.666 casas, la enorme mayoría ya ocupadas.
La demanda de pisos sociales se concentra en València, con 2.545 solicitudes, seguida de Alicante (1.484) y Castelló (353). La cifra es una radiografía mucho más precisa que las publicadas anteriormente por ese diario, en las que se hablaba de casi 20.000 personas en lista de espera.
La razón es que Vivienda creó el pasado mes de octubre su primer registro formal de oferta y demanda de vivienda protegida para regularizar los datos heredados, según explica el secretario autonómico de Vivienda, Alejandro Aguilar.
Vivienda creó el pasado mes de octubre su primer registro formal de oferta y demanda
Las familias se han vuelto a apuntar desde entonces y, como ha comprobado este diario, algunas aún no lo han hecho. Así que la demanda de vivienda seguramente sea mayor pero en cualquier caso lejos de las 20.000 personas.
Una de las demandantes es Aida García, una madre soltera de Benicalap que lleva 3 años y medio en lista de espera. Vive con su hijo de 14 años y dice que ve "misión imposible tener una vivienda social". Cuenta que se limita, desde 2019, a renovar sus solicitudes "además ahora lo hago telemático que es más rápido y ni siquiera veo al funcionario y le puedo preguntar cómo va", explica.
Aída trabaja en un colegio, pero muy pocas horas. Siempre ha trabajado para sacar adelante a su hijo "y se hace mucho más difícil porque estoy yo sola". Compró su piso del barrio de Benicalap en 2005, pero la crisis financiera y su divorcio la pusieron al límite y tuvo problemas para pagar.
En 2017 perdió la casa. El banco Sabadell, por suerte, accedió a una dación en pago, es decir, se quedó con el piso pero le tramitó un alquiler social acorde a sus ingresos hasta 2020. Entonces el banco y el fondo buitre Promontoria Coliseum (el mismo que tiene en vilo al barrio valenciano de la Fuensanta) acordaron la compra de la vivienda al acabar el alquiler.
A partir de ahí se hizo cuesta arriba para Aida, porque los fondos pocas veces negocian, y gracias a las prórrogas del Gobierno acordadas en el escudo social se ha mantenido en su hogar. Hasta que se le acabó el contrato prorrogado. Ahora lleva un año sin pagar el alquiler y Promontoria Coliseum no quiere oír hablar de ello, es más, le ofrece 3.000 euros para que se vaya. Pero no deja la casa porque no puede. Gana 350 euros al mes en el colegio y 277 gracias al Ingreso Mínimo Vital (IMV) con el complemento de 50 euros de su niño. "¿Con 500 euros dónde me voy a meter yo?", cuenta angustiada.
Vivienda pone la sexta marcha
Alejandro Aguilar explica que "nunca antes se habían adquirido tantas viviendas a nivel de la Generalitat", y tiene razón. Es más, podríamos decir que nunca antes se habían adquirido viviendas, porque el parque público desde 1988 solo ha sido desmantelado por los gobiernos del Partido Popular (de 37.500 a 17.000 contando pisos de ayuntamientos). Pero aunque sea así conselleria está todavía muy lejos de satisfacer la demanda de vivienda social.
El derecho de tanteo y retracto, que permite a Vivienda interponerse en la compraventa de un edificio y hacerse con su propiedad por el mismo importe que habían acordado las partes implicadas, ha supuesto un antes y un después. Conselleria ha puesto la sexta marcha en su afán de ampliar el parque público (todavía muy insuficiente). Desde que comenzó la legislatura han entrado 767 viviendas nuevas, y prácticamente dos de cada tres (476) han llegado por esta vía. El resto han llegado por compra directa (189) y por los concursos de adquisición que organizó conselleria desde 2018 (102).
Las 767 nuevas viviendas en 82 municipios han costado 43,1 millones de euros, y de media se han comprado por unos 56.000 euros cada una. Por provincias, València tiene 419 viviendas y Alzira es el lugar donde más se han comprado (101) seguido de la capital (81). Castelló tiene 112 y 35 se compraron en Castelló de la Plana. Y Alicante tiene 236, donde la mayor compra se hizo en Elx (34).
En total, el parque público dispone de 12.666 casas y se distribuyen de la siguiente manera: 5.061 en Alicante, 6.789 en Valencia y 816 en Castelló. Un dato relevante es que 937 casas (el 7,4 % del parque público) está ocupado irregularmente. Vivienda estudia la posibilidad de regularizar a estas personas si cumplen los requisitos para ser solicitante de vivienda social.
Identificar la necesidad
El departamento de Illueca tiene por delante un año clave para desarrollar sus políticas. Nunca antes tuvo un terreno de juego tan favorable como ahora; con el derecho de tanteo en marcha y funcionando, con el dinero de los fondos europeos (que hace crecer un 75 % a la conselleria) y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 recién aprobado, clave de bóveda de las políticas de conselleria, porque es otra inyección muy importante de dinero. Solo falta la aprobación del presupuesto.
Aguilar dice que tienen los deberes hechos y las áreas tensionadas y con más necesidad de vivienda identificadas por anteriores estudios y decretos aprobados. En base a eso se va a actuar. Las áreas de emergencia habitacional, dice Aguilar "son las ciudades y zonas costeras; València, Alicante, Vega Baja, Gandía o Denia, entre otras". Estas zonas sensibles van a ser prioritarias en las actuaciones de Vivienda.
No son los únicos retos para Vivienda, pronto recibirá los 22 millones de euros que el Gobierno ha presupuestado para el bono joven al alquiler en la C.Valenciana. Además, conselleria trabaja en la "línea de la Sareb", el banco malo que ha adquirido el Gobierno para su uso, dicen, como vivienda social. El estado ya ha asegurado que pagará a las autonomías un complemento de entre 150 y 175 euros al mes por cada piso de Sareb en alquiler social. Este tema se encuentra todavía muy incipiente y Aguilar cuenta que siguen en conversaciones con la Sareb "para que nos pasen el listado de viviendas en municipios en las que podamos tener interés".
Un dato que queda sin responder es cuántas viviendas de la Sareb están deshabitadas o en disposición de rehabilitarse para que alguien las habite, algo que el banco malo de momento no ha hecho público. En conclusión, aunque la Generalitat tomara el control de Sareb y aumentara considerablemente el parque público, en realidad la demanda de vivienda social podría no variar demasiado. Eso si, las familias de Sareb podrían respirar tranquilas a medio plazo con alquileres asequibles, tal y como prometió Vivienda.
