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Los institutos piden más recursos para el alumnado que ha intentado suicidarse

Los equipos directivos lamentan que el protocolo añade más burocracia en situaciones delicadas en las que es urgente actuar con premura

Los docentes han denunciado casi 2.000 casos de conductas autolíticas en tres cursos.

Dar respuesta desde el minuto cero a una situación tan límite como la de haber intentado quitarse la vida puede suponer todo un mundo y la diferencia entre iniciar un camino hacia la recuperación o, directamente, la muerte. Conscientes de ello y ante el aumento de alumnado que ha caído en conductas suicidas e incluso ha llegado a autolesionarse —especialmente durante la pandemia—, la comunidad educativa da la voz de alarma por una lacra que ya es realidad en muchos centros. 

Es un tema que causa cierta «situación de angustia» en colegios e institutos, ya sobrepasados y exhaustos por una crisis sanitaria que, en dos años, ha dado poca tregua en las aulas.

La Associació de Directores i Directors d’IES (Adies-PV) certifica que, como refleja la punta del iceberg de los datos, «sí se ha notado un incremento» de conductas autolíticas (intentos de suicidio, ideaciones sobre quitarse la vida o autolesiones) entre el alumnado. De hecho, como ha publicado Levante-EMV, en el registro Previ de la Conselleria de Educación los docentes notificaron cerca de 2.000 casos en los tres últimos cursos.

Gestionar en las aulas esto que ocurre generalmente fuera de clase es «complicado», reconoce Toni González Picornell, presidente de Adies-PV. «Cuando se detecta un caso así, debe estar en vigilancia constante y personalizada, siempre controlando el estado de ánimo del alumno», apunta. Para esto, explica que «independientemente del protocolo —que Educación ha puesto en marcha en 2021-22—, los recursos son insuficientes».

«Necesitamos recursos muy específicos y especializados, contratar a personas de Servicios Sociales que sepan tratar estos casos, educadoras y educadores... porque el profesorado no da más de sí y, lo intentamos, pero no somos expertos», asume Picornell.

En estas circunstancias, consideran que los protocolos deben «aplicarse desde el minuto cero», llevando a cabo una intervención social y educativa directas, de la forma «lo más sencilla posible». De hecho, en algunos casos, lo primero que se debe decidir es, por ejemplo, cómo será la incorporación progresiva a clase, después de un episodio grave. «No queremos más burocracia y estos protocolos, con la cantidad de anexos que tienen, sí llevan más burocracia», lamenta, al tiempo que reclama personal especializado, pues ahora, las tareas de vigilancia —además del respaldo emocional— sobre el alumnado que atraviesa esta situación tan delicada cae en el profesorado de guardia y los equipos directivos.

Estrés, angustia y saturación 

La Confederación de Ampa Gonzalo Anaya también insiste en que «es una cuestión que preocupa a las familias, porque durante la pandemia todo se ha hecho más patente: el estrés, la angustia y la saturación». Rubén Pacheco, presidente de la confederación, explica que «se ha puesto más de manifiesto que nunca que es una realidad. Nos preocupa y necesitamos formación y ayuda de los profesionales».

Por esto, creen que sería necesario el reivindicado servicio de la enfermería escolar. «Ayudaría a trabajar en la línea de la salud mental y sería más fácil detectarlo y canalizar mejor la atención necesaria hacia el ámbito sanitario; así la resolución de los casos siempre tendría la posibilidad de ser más exitosa», considera Pacheco.

Asimismo, las ampas verían positiva la presencia de educadores sociales en los centros educativos, como apoyo ante estas situaciones.

La situación es cada día más preocupante, porque la franja de edad va bajando

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Se trata de una situación «cada día más preocupante, porque la franja de edad va bajando y estos trastornos son cada vez en edades más tempranas. Son señales de alarma que nos deben poner a todos en alerta», incide Pacheco.

De hecho, recientemente este tema protagonizó una mesa redonda en un seminario interuniversitario sobre protección de la infancia y la adolescencia realizado en Alcoi e impulsado por la Cátedra de Infancia y Adolescencia de la Universitat Politècnica de València. Vicente Cabedo, director de la cátedra, explica que lo importante es la «sensibilización y prevención». 

«Hay que abordarlo como un atentado contra los niños, porque se ve afectado su propio derecho a la vida. Igual que, antes, hablar de las adicciones o la educación sexual eran tabú en los colegios, ahora hay que sacar a la luz los suicidios. La educación debe abordar este tema, porque no es cierto que haya más casos al hablar de esto», apunta Cabedo, impulsor de la Red de universidades por la infancia y adolescencia (Ruia).

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