El atasco en la ventanilla de evaluación de impacto ambiental es un lastre que se arrastra desde hace años, en gran medida por los recortes en la época del Partido Popular. Las quejas del empresariado valenciano han sido una constante desde la primera legislatura del Botànic. El colapso era de tal magnitud que solicitudes de pequeñas y medianas empresas estaban a la espera desde 2014 «por falta de plantilla». Esta tendencia empezó a revertirse en 2018 aunque de forma tímida gracias a la contratación de refuerzos en la época de Elena Cebrián al frente de la entonces Conselleria de Medio Ambiente. De los 286 expedientes que entraron de enero a mayo de 2018, se resolvieron 103. Un 36 %. En los mismos meses de 2019 se presentaron 73 y se dio salida a 53, un 72 %. Su sucesora en la ahora Conselleria de Transición Ecológica, Mireia Mollà, ha dado un paso más y señala que tiene previsto incorporar en las próximas semanas «más de una docena de titulados en ingeniería industrial a través de una nueva bolsa de funcionarios para reducir, aún más, el tiempo de tramitación de estas autorizaciones».