Los cazadores valencianos reclaman al Consell que se facilite la construcción de perreras particular en suelo no urbanizable. Persiguen que este tipo de instalaciones, básicas para ellos, vuelvan a regirse por el régimen previsto para usos agrícolas como puedan ser las casas de aperos. La última modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, urbanismo y paisaje equipara este tipo de obras «con instalaciones deportivas», según Raúl Esteban, presidente de la Federación de Caza de la Comunitat Valenciana.
Esta circunstancia implica como requisito obligatorio la obtención de una Declaración de Interés Comunitario (DIC), la cual tiene un proceso administrativo y burocrático complejo que dificulta su realización. Esteban lanzaba la petición en la comisión de Medio Ambiente, Agua y Ordenación del Territorio que debatía la Ley de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de los Animales de Compañía.
Interés comunitario
El artículo 216 de la Lotup recoge que es la Generalitat la que interviene en la autorización de usos y aprovechamientos en suelo no urbanizable, mediante su declaración de interés comunitario, previa a la licencia municipal en toda una amplia serie de supuestos recogidos en el artículo 211. El requisito autonómico es exigible, además, para ampliar edificaciones existentes o para la modificación de las ya otorgadas.
«El proyecto de ley ha de ser proporcional y consecuente con la realidad del territorio y de la sociedad valenciana»
«El proceso administrativo y burocrático se complica, lo que dificulta la tarea de los propietarios de los animales», según explicaba Esteban en su turno. Aprovechó el escenario para defender la actividad cinegética como «esencial» en el territorio valenciano. «Algo acentuado y claramente acreditado con la pandemia», incidía. «En los últimos años se ha producido un incremento desproporcionado de fauna salvaje, sobre todo de animales de caza mayor como jabalí, muflón o ciervo, pero también de conejo de monte», señalaba.
Auténtico trabajo
«La ampliación de períodos, horarios y jornadas han convertido la actividad cinegética en un auténtico trabajo realizado por los cazadores para con la sociedad valenciana», argumentaba. Punto en el que recordaba las pérdidas de más de 35 millones de euros en los cultivos valencianos, según los datos de AVA-Asaja. Previamente había señalado también los accidentes de tráfico que provocan, con el jabalí a la cabeza en el 90 % de colisiones, así como el riesgo de enfermedades como la peste porcina. Esteban desgranaba que la caza «es vital para la economía rural, con la creación de unos 187.000 empleos y 6.475 millones al año, la lucha contra la despoblación o la gestión forestal sostenible».
«El proyecto de ley propuesto por esta cámara ha de ser proporcional y consecuente con la realidad del territorio y de la sociedad valenciana», destacaba. «Les pido que se tenga en cuenta a todos los colectivos afectados por esta norma y en especial a los cazadores a fin de que alguna manera se vea recompensada su actividad social, tan cuestionada por algunos, pero a la vez silenciosamente agradecida», argumentaba. Defendió el sacrificio cero como recoge la futura normativa pero reivindicó el derecho a una reproducción responsable frente a la esterilización obligatoria, recordando la recuperación del «xarnego» valenciano.
«Cada caso de maltrato nos daña, el cazador quiere a sus perros»
Raúl Esteban tuvo que responder ayer a las preguntas de varios diputados sobre denuncias de abandono o de daños físicos a los animales al finalizar la temporada de caza. Ni todos los políticos son corruptos, ni todos los cazadores unos maltratadores, vino a decir. «Cumplimos con la normativa, el cazador quiere a sus perros y va a hacer que se cumpla la ley», razonaba para concluir: «Cada caso de maltrato, cada bestialidad nos daña, es agotadora la estigmatización que pesa sobre nosotros».
