La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría financiera sobre las cuentas de las Corts Valencianes del ejercicio 2020 en la que encuentra varias manchas en la institución parlamentaria. Incluso de años anteriores porque el órgano que dirige Vicent Cucarella señala que de las recomendaciones del informe de 2019 se ha implantado parcialmente una y están pendientes de aplicar cuatro y de las de informes anteriores se han implantado siete y parcialmente cuatro y que las otras cuatro están pendientes.
El Síndic plantea además una "limitación al alcance" referida a la auditoría financiera de las cuentas anuales de las Corts y recuerda que la Sindicatura no fiscaliza las cuentas de los grupos parlamentarios que ascendieron a 3.936.349 euros en 2020. Pero aplaude que siguiendo las recomendaciones de informes anteriores de la Sindicatura, las Corts aprobaron el año pasado, mediante Acuerdo de la Mesa en concreto el 2 de marzo de 2021, unas Normas reguladoras de la contabilidad y control de las subvenciones.
El Síndic detalla que los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones, facilitados por la Intervención de las Corts, carecen de la documentación necesaria que permita a la Sindicatura obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si los grupos parlamentarios han destinado las subvenciones recibidas a financiar gastos relacionados con su actividad parlamentaria y si las cuentas que han presentado muestran la imagen fiel del resultado de sus actividades durante el ejercicio 2020 y si, en su caso, se deriva un posible derecho de cobro por las Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas.
Esta limitación al alcance no afecta a las subvenciones para aparcamiento y para asistentes personales, señala el informe, en tanto que la normativa de las Corts condiciona su pago a la previa presentación por los beneficiarios de la documentación justificativa y de la comprobación de conformidad por la Intervención de las Corts.
Todos los grupos parlamentarios han presentado a la Mesa delas Corts sus cuentas anuales del ejercicio 2020, integradas por el balance, la cuenta de resultados y la memoria. Los grupos parlamentarios indican, en la nota de la memoria dedicada a las bases de presentación, que han elaborado las cuentas a partir de sus registros contables Información de ingresos y gastos.
Todos los grupos, salvo el Socialista (que lo hizo en la fase de alegaciones), desglosan en sus memorias las subvenciones percibidas de las Corts por tipos e importes. Excepto los grupos Socialista y Popular, los demás grupos incluyen un desglose de los gastos por servicios exteriores y otros de gestión corriente. Sobre los resultados del ejercicio 2020, los grupos Socialista, Ciudadanos y Compromís muestran resultados negativos. Unides Podem muestra un resultado nulo. Los resultados de los grupos Vox y Popular son positivos por 3.045 euros y 8.975 euros, respectivamente. El grupo Vox ha reintegrado su exceso a la tesorería de las Corts, de acuerdo con las bases de ejecución de 2020. No consta que el grupo Popular haya reintegrado su exceso.
También se refiere a las aportaciones a partidos y salvo los grupos Socialista y Popular, los demás grupos indican las aportaciones que han realizado a sus correspondientes partidos al amparo de la ley de Financiación de Partidos.
Pero la realidad es distinta a partir del acuerdo de la Mesa de 2021. Las normas introducen el control interno a las subvenciones asignadas por las Corts a los grupos parlamentarios, que será realizado por la Intervención de las Corts en la modalidad de control financiero, lo que representa un paso muy importante por parte de la institución en cuanto a la transparencia de los parlamentos españoles, señala el Síndic de Comptes.
La disposición final segunda de las normas antes citadas contempla que su aplicación se iniciará en el ejercicio 2022. En consecuencia, durante el ejercicio 2020 se mantiene la situación señalada en el informe de 2019; es decir, que los expedientes de la mayor parte de estas subvenciones carecen de la documentación necesaria que permita al Síndic obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar, entre otras cuestiones, si existe un posible derecho de cobro de las Corts en concepto de subvenciones concedidas no justificadas. La limitación al alcance no afecta a las subvenciones para aparcamiento y para asistentes personales, que sí están sujetas al control interno de las Corts.
Señala un "inadecuado" tratamiento contable del reintegro del remanente de tesorería
Además, el síndic señala un "inadecuado" tratamiento contable del reintegro del remanente de tesorería. La contabilización de los reintegros a la Generalitat de los remanentes de tesorería no aplicados se realiza correctamente en el ámbito presupuestario, pero no en el económico-patrimonial. Esta práctica contable supone, entre otros efectos y en lo que respecta a las cuentas anuales del ejercicio 2020, que el pasivo del balance a 31 de diciembre de dicho año esté infravalorado en 3.260.236 euros.
También encuentra el organismo que dirige Vicent Cucarella una limitación al alcance en el inmovilizado no financiero. Las Corts no disponen de un registro actualizado que recoja la valoración del inmovilizado no financiero, así como las diversas circunstancias que puedan producirse en sus activos. Esta situación representa una limitación al alcance de nuestra auditoría, por lo que no podemos opinar sobre la composición, ubicación y valoración de los elementos que puedan integrar los epígrafes de inmovilizado no financiero del balance a 31 de diciembre de 2020.
En la revisión del cumplimiento de la legalidad se señalan incumplimientos observados en tres expedientes de contratación y la existencia de pagos que superan el plazo máximo legal.
Además, el informe del Síndic de Comptes incluye tres recomendaciones como resultado de la fiscalización efectuada del ejercicio 2020: Justificar las razones que motivan el cambio de criterio en 2021 de la contabilización del reintegro del remanente de tesorería. Otra para valorar el criterio precio en la contratación y utilizar fórmulas que no otorguen puntos a las ofertas sin baja. Y pide implantar mecanismos de control que aseguren la integridad y fiabilidad de la información sobre la contratación que se incluye en la memoria de las cuentas anuales.
