Los fondos europeos aterrizan en las Corts, pero no como lluvia de millones. Si el maná europeo cala en el pleno es a partir de los reproches, porque ni la entrada de dinero desde la UE, donde 'populares' y socialdemócratas gobiernan juntos, permite la alegría conjunta. Es la españolización, en este caso valencianización, de la inyección económica de Bruselas, con recursos a la justicia y quejas de la oposición.

De ahí que la estampa en el parlamento valenciano sea la de la cámara partida en dos en torno a una moción de apoyo a la recepción de los Next Generation. Una propuesta del PSPV en la que se pide apoyar el reparto de los fondos europeos ha concitado el rechazo de PP, Cs y Vox, una réplica de los movimientos de las tres formaciones a nivel estatal, que tienen la distribución de estos recursos en su punto de mira, una forma más de intentar desacreditar la acción de gobierno. Eso sí, ha traído un viraje de los 'populares' con respecto al argumentario de Madrid.

Ni PP ni Cs ni Vox rechazan la judicialización de Ayuso del reparto de nueve millones de estos fondos

El contenido de la PNL parece a simple vista inocuo, una de esas tantas propuestas de valores genéricos que salen adelante con unanimidad y aplausos. Dar respaldo a la "oportunidad histórica que significa para España recibir hasta 140.000 millones", establecer "un sistema de diálogo entre administraciones para fijar los criterios de reparto" o implantar "una plataforma interactiva digital para la gestión" de estos recursos son algunos de sus puntos de resolución.

Sin embargo, el apartado c del primer punto de resolución, en el que se pide "rechazar la judicialización y consecuente retraso de la distribución de los recursos europeos que lastra la recuperación ágil", está puesto para mostrar las contradicciones en las críticas de los 'populares'. En esta estrategia contra el reparto de los fondos está el procedimiento judicial iniciado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre la distribución de nueve millones de euros a Navarra, País Vasco y la Comunitat Valenciana (a la que le corresponden dos). Es ahí donde el PSPV buscaba un posicionamiento del PPCV.

"Nueve millones sobre 11.000 han motivado varias ruedas de prensa, una expedición a Bruselas o un recurso judicial mientras que cuando hay un montón de millones para la ruta Xacobea o solo para Madrid o Barcelona por cuestiones de movilidad que solo afectan a estas ciudades nadie dice nada", ha reprochado el síndic del PSPV, Manolo Mata, quien no ha evitado mencionar la crisis que vive "el principal partido de la oposición" y de la que ha dicho que espera que se aprenda "que hay cosas que necesitan que estemos todos de acuerdo". "Y estos -los fondos europeos- son una de estas", ha agregado al tiempo que ha destacado que la Comunitat Valenciana ha recibido hasta 6.000 millones desde marzo de 2020.

Pero ni por esas. Rubén Ibáñez ha sido el encargado de defender el 'no' de su grupo. Lo ha hecho sin mencionar a Ayuso y dándole la vuelta a la situación: si la presidenta de la Comunidad de Madrid denuncia un reparto de más fondos de los que le tocaría a la Generalitat, Ibáñez carga contra la distribución porque la Comunitat Valenciana "está a la cola en el reparto por habitante; y no será porque el gobierno socialista no se ha esmerado: entre los 10 primeras solo hay una que no es socialista". Algo así como que pese a que el Gobierno de España riega a los suyos, como denuncia el PP nacional, encima perjudica a los valencianos.

Más cerca de aprobarla ha estado Ciudadanos, que ha llegado a plantear que si se retiraba el apartado de la judicialización se mostraban dispuestos a dar el visto bueno. "No quiero hacer el juego ni al PP ni al PSOE, queremos hacer el juego a los valencianos", ha dicho Lucía Giraldo minutos después de que Vox confirmase lo esperado: que votaría que no. Sí han mostrado su apoyo Compromís y Unides Podem.