Más de 8.000 agricultores y ganaderos junto a 250 tractores, según la organización, han colapsado esta mañana las calles del centro de València en protesta por la situación que atraviesa el sector agrícola, que sufre una crisis estructural desde hace décadas que se ha visto agravada en los últimos años, lo que ha generado un importante abandono de tierras en la Comunitat Valenciana.
Precisamente la valenciana es una de las autonomías que más ha sufrido esta situación de abandono producto del descenso en los márgenes de beneficio que obtiene el agricultor ante el exponencial aumento de los costes
Con un recorrido desde la plaza de San Agustín hasta la del Temple, sede de la Delegación del Gobierno, la manifestación reproduce la de hace dos años cuando también miles de personas se manifestaron en defensa del sector primario.
La lluvia ha deslucido la manifestación y ha reunido a bastantes menos personas que hace dos años cuando, justo antes de la pandemia, los representantes agrícolas se manifestaron en el mismo escenario.
SOS del campo valenciano
Las organizaciones profesionales agrarias de la Comunitat Valenciana han lanzado un SOS por la supervivencia del campo valenciano, según han señalado.
Entre las asociaciones convocantes la Unió de Llauradors i Ramaders, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ASAJA Alicante-Jóvenes Agricultores, la Coordinadora Campesina del País Valencià (CCPV-COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos del País Valencià (UPA-PV) bajo el lema 'SOS: por la supervivencia del campo valenciano'.
La manifestación la encabezaban camiones y tractores llegados desde diversos puntos del territorio valenciano y la cierrra también un nutrido grupo de ellos.
Además de los principales responsables de las organizaciones agrarias del campo valenciano, también han estado presentes en la cabecera de la marcha el presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, y representantes del PP, PSPV, Compromís, Ciudadanos, Unides Podem y Vox. También una representación del Consell con el secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural y Director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, Roger Llanes, y el director general, Antonio Quintana.
Entre los políticos de todos los partidos, el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón y la secretaria general y síndica, María José Catalá; el portavoz de Agricultura del PSPV-PSOE en las Corts, David Calvo; la portavoz de Ciudadanos, Ruth Merino; los diputados de Compromís en las Corts, Josep Nadal y Graciela Ferrer; la de Unides Podem, Beatriu Gascó, y el eurodiputado y portavoz nacional de Vox, Jorge Buxadé.
Entre las principales reivindicaciones de los convocantes se incluye la reclamación contra la competencia de terceros países que los productores valencianos consideran injusta
Entre las principales reivindicaciones de los convocantes se incluyen la reclamación contra la competencia de terceros países que los productores valencianos consideran injusta, la exigencia de mayores controles contra las plagas y el establecimiento de medidas legales que garanticen unos precios dignos y, en consecuencia, la supervivencia del campo.
El secretario general de la Unió de Llauradors i Ramaders, Carles Peris, ha denunciado la situación dramática del campo valenciano, en peligro frente a la expansión de los oligopolios y los fondos de inversión, y ha reclamado políticas claramente orientadas a beneficiar al campo valenciano.
La Unió de Llauradors alerta de la situación dramática del campo valenciano, en peligro frente a la expansión de los oligopolios y los fondos de inversión
"No puede ser que solo se favorezcan las importaciones, porque los supermercados hacen el agosto. No logramos revertir los precios tan bajos que sufrimos, y la Administración no hace nada", señala Peris.
Por su parte, Cristobal Aguado, responsable de la Asociación Valenciana de Agricultores, ha advertido sobre las consecuencias de la guerra de Ucrania: "La ganadería extensiva está sufriendo ya la sequía y sufrirá con el incremento de los precios del cereal".
El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores, Ricardo Bayo, ha reclamado "que se cumpla la ley, que se apliquen las herramientas para frenar la competencia desleal de países terceros, porque no podemos competir contra quienes no han de cumplir la estricta normativa europea o pagan salarios diez veces inferiores".
El presidente de la patronal valenciana, Salvador Navarro, ha subrayado que se valoró mucho el trabajo de los agricultores y los ganaderos en lo peor de la pandemia para no dejarnos desabastecidos, pero que hay que remarcar que eso es algo "que hacen diariamente y se lo hemos de valorar. 18 kilos de naranjas no pueden valer lo mismo que un café".
El portavoz de Agricultura del PSPV-PSOE en las Corts, David Calvo, ha considerado que "esta situación es estructural, no coyuntural ni afecta a ningún Gobierno en concreto, por eso respetamos y compartimos las reivindicaciones. La solución es el trabajo en equipo y el mejor ejemplo es la noticia de que la Comisión Europea impondrá el tratamiento en frío a las importaciones de cítricos de Sudáfrica".
El presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha lamentado que "el campo lleva muchos años igual y ha llegado a una situación insostenible. La reforma laboral, además, no ha pensado en un campo que hace frente a unos costes muy elevados y a unas cuotas de autónomos que han subido de forma injustificada".
"Somos la reserva de la huerta de Europa, no vamos a consentir ninguna agresión o ninguneo más", ha agregado.
La portavoz de Ciudadanos en las Corts, Ruth Merino, ha reclamado un "plan de choque para que los agricultores y los ganaderos recuperen la competitividad y compensen los elevados costes de producción".
Para el eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé, "no es posible que los agricultores pasen más tiempo rellenando papeles que buscando clientes o proveedores, no se nos respeta frente a terceros países. No es posible una política verde con números rojos, las explotaciones han de ser rentables".
En el contexto de la guerra de Ucrania, Buxadé ha pedido que cualquier sanción que se imponga a Rusia "piense en los productores y las clases medias".
En el transcurso de la manifestación los agricultores y ganaderos han lanzado algunos productos como naranjas, vino o arroz, y han finalizado su protesta frente a la Delegación del Gobierno, frente a la que se ha establecido un cordón policial.
El Gobierno responde que entiende la preocupación y destaca mejoras en la Política Agraria Común
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha asegurado esta mañana tras la manifestación de miles de agricultores y ganaderos por el centro de València que entiende su preocupación porque su labor profesional está condicionados por circunstancias que le son ajenas.
Calero asegura que el Gobierno de España está firmemente comprometido con el desarrollo y la competitividad del sector agrario y que trabaja por poner en práctica la Ley de la Cadena Alimentaria. Según señala, será importante contar con una nueva Política Agraria Común mejor distribuida y sostenible, que fomenta el relevo generacional y apuesta por la innovación y la digitalización.
Calero admite que la situación es difícil y responde a una coyuntura en la que se han unido diversos factores.
No obstante, las medidas que se han puesto en marcha desde hace más de tres años han dotado de una mayor estabilidad al sector como muestran los indicadores en general de producción y cotizaciones o las excelentes cifras de exportación.
Una de las actuaciones más importantes por el alcance que tiene, según el Gobierno, es la modificación de la Ley de la Cadena que da respuesta a una demanda histórica como la prohibición de vender por debajo de los costes de producción y asegurar un precio de venta digno. Se publicó en diciembre en el BOE y el Gobierno considera que hay que dar tiempo a su efectiva implantación y aplicación.
Existe también una formidable herramienta de apoyo, que constituye la aplicación del Plan Estratégico de la nueva PAC, en la que se han incluido ayudas a sectores específicos atendiendo a las demandas que se han trasladado al Gobierno.
