Simona, su marido, y sus tres hijos de 3, 7 y 11 años se quedan en casa. La presión de decenas de vecinas del barrio y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en la puerta de su casa ha evitado este lunes el desahucio de esta familia en Mislata. La comisión judicial se ha personado pero, tras conocer la situación de la afectada, ha decidido paralizar el desahucio sin fecha a la espera de que aporte los documentos que acreditan su situación de vulnerabilidad. El objetivo es que se pueda amparar en el decreto antidesahucios renovado recientemente por el Gobierno hasta el 28 de septiembre.
La propietaria es una gran tenedora de vivienda que posee dos fincas de decenas de pisos cada una, y había anunciado a Simona que no iba renovar su contrato de alquiler después de 8 años. La inquilina pagaba religiosamente las facturas, sin fallar ni un solo mes. Tras recibir la carta de desahucio de la propietaria comenzó a buscar piso en la ciudad de València, pero como explica "es imposible, no hay vivienda para nosotros en ninguna parte. En todos lados nos dicen que no cumplimos los requisitos porque no tenemos contrato de trabajo fijo y no nos quieren alquilar nada", lamenta.
Tras conocer su situación, las propias vecinas del barrio y amigas de Simona son las que se han personado en la puerta convocadas de urgencia. En estos momentos Simona y su marido se encuentran en búsqueda de trabajo y sus únicos ingresos son los que proceden del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sus hijos han nacido y crecido en el barrio y uno de ellos tiene problemas pulmonares que requieren de cuidados. El contrato de alquiler que había firmado era de renovación año a año pero en la última revisión la propietaria le envió directamente una orden de desahucio.
"No hay vivienda para nosotros en ninguna parte. En todos lados nos dicen que no cumplimos los requisitos", lamenta Simona
El Ayuntamiento de Mislata y su abogada de oficio habían mediado con la propietaria e intentado la paralización, pero el juzgado siguió adelante con la ejecución hipotecaria. Al parecer, según explican activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el juzgado no tenía conocimiento completo de la situación de esta persona, ya que no había recibido informes y documentos que tenía que haber mandado el consistorio. Ha sido por esto por lo que, tras aportar los documentos en mano esta mañana a la comisión judicial, han decidido que había que paralizarlo.
Sin alternativa
En cuanto recibió la orden de desahucio Simona empezó a moverse. En el mercado de alquiler no encontraba nada, así que se apuntó en las listas para la vivienda pública, presentando su solicitud telemáticamente y también presencial. "Solo pedimos que las administraciones se coordinen, y que en un plazo razonable encuentren a esta familia una vivienda social de emergencia", denuncia José Luis González, de la PAH.
"Una familia con tres niños no se puede quedar de ninguna manera en la calle", denuncia la PAH
Como explica González, "los inquilinos también tienen algunos derechos, no solo el propietario, y sea como sea creemos que una familia con tres niños pequeños no se puede quedar de ninguna manera en la calle", explica. En estos momentos Simona ha reclamado en el Ayuntamiento de Mislata que se presente al juzgado toda la documentación completa, con el objetivo de acreditar que puede acogerse al decreto antidesahucios renovado recientemente por el Gobierno, de esta forma tendría derecho a aguantar en la vivienda al menos hasta el día 28 de septiembre.
Al parecer el juzgado no había recibido los informes médicos de su situación, ni tampoco los que acreditaban sus bajos ingresos. "Reclamamos al ayuntamiento y a la Entidad Valenciana de Vivienda (EVHA) que inicien un procedimiento de urgencia para el caso de Simona", denuncia la PAH.
Simona explica que ha sido imposible tener cualquier conversación con la propietaria, solo con su abogada. "Le pedí explicaciones y le dije que no tenía ningún problema si es que quería subirme un poco el alquiler, que entiendo que lo quiera hacer porque los precios están subiendo, pero no me contestaba a nada", lamenta.
Los pagos del alquiler de Simona se encuentran en los juzgados porque hay un proceso de desahucio abierto y la propietaria la quiere fuera, pero ella explica que ha seguido pagando todo este tiempo. Al final, el desahucio se ha parado en la puerta del domicilio, en medio de las conversaciones con la comisión judicial y el cerrajero. Como ha asegurado la PAH a las vecinas presentes en la puerta "la presión que habéis hecho ha ayudado a que lo pudiéramos parar. Sin vosotras Simona hoy no estaría en casa".
