El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València, encargado de la causa abierta contra funcionarios de la conselleria de Políticas Inclusivas y trabajadores del centro de menores por las acciones llevadas a cabo tras detectar un caso de abusos sexuales de un educador —exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra y responsable de dicha conselleria— a una niña tutelada de catorce años, ha solicitado nuevas diligencias tras las declaraciones realizadas por Oltra este pasado lunes en las que admitía que encargó el informe paralelo sobre los abusos para saber en qué había fallado su departamento.
El magistrado cuestiona la supuesta «finalidad informativa» que alega la vicepresidenta y advierte en el auto que dicho expediente reservado «no se orientó a ninguna de las finalidades» que esgrime Oltra. Según declaró a los medios de comunicación la responsable de Igualdad y Políticas Inclusivas, ella misma encargó el 8 de agosto de 2017 la apertura de dicho expediente «para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima al Instituto Espill; y por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta».
El juez solicita al gabinete de prensa del TSJ para que aporte la información publicada sobre las afirmaciones de Oltra
Así, el juez solicita al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que aporte las informaciones publicadas este pasado 7 de marzo respecto a las declaraciones realizadas por la vicepresidenta del Consell: "Si me quieren, aquí me tienen", dijo para pedir que se dejara de poner el foco sobre las técnicas. Y remite un oficio a un medio de comunicación solicitando las grabaciones de dichas declaraciones en caso de haber sido grabadas.
En este mismo auto, el juez cita a declarar a otros seis investigados en la causa ya anunciados, entre ellos la directora general y la subdirectora de Infancia y Adolescencia y la jefa de este mismo servicio de la Conselleria de Igualdad. Estos investigados se suman a otros siete que ya han prestado declaración en sede judicial, todos ellos cargos de la conselleria o personal del centro de menores concertado de València donde se produjeron los abusos. Entre los investigados está la directora Territorial de Igualdad y Políticas Inclusivas y la directora del establecimiento.
Los interrogatorios se están centrando sobre el informe encargado una vez judicializado el caso, así como los motivos por los que no se puso en conocimiento de la Fiscalía de Menores los hechos en febrero de 2017, cuando ya lo había contado la menor, y por el trato que se dio a la adolescente. El educador fue condenado a cinco años de prisión por un delito de abusos continuados con prevalimiento a persona menor de 16 años.
La causa se inició a raíz de dos denuncias, una interpuesta por la propia menor, representada por el abogado José Luis Roberto (líder de la formación de extrema derecha España 2000), y la otra por la asociación Gobierna-te, que preside Cristina Seguí, próxima a Vox en el pasado. Las denuncias consideran que los hechos son constitutivos de posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, abandono de menores o personas de especial protección y contra la integridad moral.
