La deuda que la Generalitat tiene en este momento con el Consorcio Provincial de Bomberos asciende a 8 millones de euros. Así lo confirman desde la institución tras la exigencia del PP provincial, capitaneado por Vicente Mompó, quien cifraba esta mañana esa cuantía en 36 millones de euros. Se trata, según apunta la gerencia del consorcio, de una cantidad donde se incluyen 27 millones de euros de deuda histórica que el mismo PP que gobernaba el Consell decidió no reconocer en 2005.
Así las cosas, el gerente del consorcio, José Manuel Ballester, aseguró que aunque esos 27 millones de euros siguen figurando en la contabilidad, nunca se llegarán a percibir, tal como confirmó el Consell gobernado por Francisco Camps. Por tanto, "en estos momentos la deuda total ascendería a 35.015.264 millones, pero solo ocho millones figuran como deuda corriente de la Generalitat al consorcio", asegura Ballester.
En concreto, los ocho millones se corresponden a la mitad de la cuantía que debía ser abonada en 2021 (4,9 millones) y a las dos bimestres de 2022. Cada dos meses, la Generalitat transfiere -o debería transferir- 1.653.334 millones al consorcio para que preste sus servicios de extinción de incendios y emergencias, para así, cada año, cumplir con su parte consorciada y abonar los 9,9 millones pactados que le corresponden. El resto de administraciones que ingresan los fondos del consorcio es la diputación y los ayuntamientos, tal como se recoge en la regla de reparto establecida en la modificación de los Estatutos del Consorcio, publicada en el BOP en 2015.
El compromiso de la Generalitat se adquirió en 1991, y desde entonces y hasta 2011, no abonó su parte correspondiente. Fue entonces cuando se generaron los 27 millones adeudados que el Consell anunció que no asumiría en 2005. Con el cambio de gobierno de 2015, la deuda ascendía a 40 millones de euros, pero solo 13 eran los que a priori se iban a devolver y así se ha producido cada ejercicio, hasta los 8 millones que quedan pendientes hoy.
Además, la Generalitat también aporta adicionalmente 1.340.000 millones al consorcio relativos a la encomienda que se le hizo al Consorcio de Bomberos para la gestión de los medios forestales en la provincia de València.
Los ayuntamientos tampoco cumplen
Además, a las cuantías no percibidas todavía por parte del consorcio se suman 1,4 millones de los ayuntamientos , una cantidad que se ha reducido desde 2016, cuando los consistorios a los que el servicio de bomberos presta servicio debían 5,5 millones. Con algunos de ellos, como Alboraia, firmó un convenio a través del cual se devuelve la deuda prorrateada que ascendía a medio millón de euros.
Las aportaciones municipales a este servicio se dividen en dos grupos. Por un lado, los consistorios con población superior a veinte mil habitantes, que deben aportar cada año 5,8 millones. Por otro, los pueblos por debajo de esa población deben aportar 4,1 millones, pero es la Diputación de València la que asume el gasto de este último grupo de municipios.
El PP en la Diputación de València ha denunciado que para todas las administraciones consorciadas se tendrán que realizar "planes de pago" para que puedan asumir la deuda, como apuntaba el portavoz popular Vicente Mompó, quien ha criticado que la Generalitat "maltrate económicamente" a los bomberos.
