La Comunitat Valenciana sufre un importante retraso en la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables. A pesar de los discursos políticos sobre la importancia de avanzar en la soberanía energética, la patronal de energías renovables (Avaesen) ha denunciado que existen 500 proyectos bloqueados en el territorio valenciano (el Consell habla de alrededor de 300 expedientes). Todos ellos de potencia inferior a 50 megawatios (los superiores dependen de la Administración del Estado), que implican una inversión total de 5.000 millones.
Las razones del ‘parón’ no son solo burocráticas y de escasez de personal funcionario, sino también ideológicas. Los proyectos entran por la Conselleria de Economía, pero después han de obtener los visados de los departamentos de Territorio y Transición Ecológica. Según confirman a este diario diversas fuentes de las áreas en cuestión, el ‘tropiezo’ no se da ni en esta última ni en Economía, regentadas por dirigentes de Compromís (Mireia Mollà y Rafa Climent, respectivamente), sino en Política Territorial, en manos del PSPV (Arcadi España).
Sin embargo, no sería el conseller el obstáculo (los socialistas, con Ximo Puig al frente, se han manifestado de manera muy rotunda por la urgencia de la transición hacia energías verdes), sino altos cargos de este departamento que, por razones del mestizaje, corresponden a Compromís. La secretaria autonómica es Imma Orozco (miembro de la ejecutiva de Més) y la directora general de Paisaje es Rosa Pardo.
En este punto, fuentes de la coalición apuntan hacia la responsabilidad del conseller de Política Territorial para poner orden sobre las subordinadas en su conselleria, mientras que los socialistas devuelven la pelota hacia Compromís para que aclare qué alma impera: si la de la consellera Mollà (de Iniciativa), concienciada sobre esta cuestión y que deberá rendir cuentas al final de legislatura sobre el grado de cumplimiento de la Agenda 2030 en la transición hacia las renovables, o bien, la de responsables de Més que en las últimas semanas han aprobado resoluciones contrarias al decreto ley aprobado por el Consell en agosto de 2020 para agilizar las plantas fotovoltaicas.
Estas resoluciones de Més (el antiguo Bloc, partido mayoritario de Compromís) inciden en reclamar «la participación más efectiva de los ayuntamientos en la toma de decisiones respecto a la implantación de instalaciones de generación de electricidad mediante renovables en sus términos municipales».
Aumentar la potencia
Transición Ecológica responde que ya ha hecho los deberes y la premisa es aumentar la potencia fotovoltaica. El departamento de Mollá ha publicado un mapa en el que se señalan las localidades donde existen más posibilidades de instalar proyectos frente a aquellos donde es más complicado.
Pero ello choca con el área de Paisaje, que está en Territorio y donde Més aplica posiciones del partido que apuntan a la indefensión de los ayuntamientos frente a proyectos de generación de energía fotovoltaica muchas veces liderados por grandes empresas o fondos de inversión. Apuntan a la aparición de procesos de especulación.
La realidad, admitida por portavoces de las distintas conselleries , es una «ralentización» de los proyectos plantas solares. Entre los promotores se considera que de los expedientes presentados, la Administración autonómica ha informado de manera negativa de unas pocas decenas. El Consell matiza que en ocasiones se han solicitado más datos y que habría una veintena admitidos.
La prueba de que existe un problema, al menos a ojos de una parte del ejecutivo valenciano, es que se está buscando una solución. Esta vendría en forma de nuevo decreto ley (pasaría por el pleno del Consell en días) para «objetivar» los criterios para aprobar y denegar proyectos.
Este hecho apunta a la raíz del problema: la legislación deja en manos del criterio (subjetivo) del responsable del departamento la mayor parte de la decisión. El Consell apela a la fuerte demanda social de este tipo de energías verde, en un contexto de alza de precios alarmante, y a la reversibilidad de estas plantas.
El objetivo, destacan fuentes oficiales, es no caer en «una barra libre» (ha de haber criterios claros para un desarrollo ordenado), pero evitar también un contexto como el de Cataluña, donde la presión de la CUP llevó a aprobar una moratoria a este tipo de iniciativas empresariales ante los riesgos de afección del paisaje.
