El pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el incidente de recusación presentado por el ex subsecretario de la Conselleria de Sanidad, Rafael Peset Pérez, contra José Ricardo de Prada, uno de los tres magistrados que lo juzgará por la pieza de los contratos menores de la trama Gürtel. Se trata del último juicio pendiente de la rama valenciana del caso que sentará en el banquillo de los acusados al expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, tres de sus consellers (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 17 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat, entre los que se encuentra Rafael Peset. También seis miembros de la trama Gürtel, con el empresario Francisco Correa al frente.
Las vistas se celebrarán desde el 17 de enero hasta el 23 de mayo de 2023.El incidente de recusación presentado por Rafael Peset era la última baza, a la que se había sumado Francisco Camps, para intentar apartar al magistrado José Ricardo de Prada del tribunal que juzgará la «pieza 5 de la trama Gürtel» y que estará presidido por José Antonio Mora Alarcón (a quien Camps también recusó, sin éxito), al que acompañarán José Ricardo de Prada Salaesa y Fernando Andreu Merelles.
La defensa del ex subsecretario de Sanidad, Rafael Peset, alegaba como motivos para apartar al magistrado De Prada «tener interés directo o indirecto en el pleito o causa» porque «ha sido vetado por el Partido Popular como candidato al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta el punto de convertirse en ‘casus belli’ para hacer fracasar algunos de los intentos de renovación de dicho órgano, siendo manifiesto su interés por acceder al mismo, hasta el punto de hacer juicios de intenciones tanto sobre el partido político que lo veta [en referencia al PP] como sobre el propio consejo, cuando no admitió su reincorporación al servicio activo sin renunciar a la condición del magistrado del Tribunal Penal Internacional».
Enfrentamiento juez-PP
La defensa de Rafael Peset añadía en su escrito de recusación que «el enfrentamiento claro entre el Partido Popular y el señor De Prada (...) le hace perder la apariencia de imparcialidad objetiva en un proceso en el que, aún no siendo parte el Partido Popular, se juzga prácticamente toda la administración autonómica del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, empezando por su expresidente señor Camps (en la única y última pieza que tiene abierta) lo que a su vez arrastra a los demás acusados, al menos en la consideración pública, a una suerte de responsabilidad colectiva (son la Administración del PP-CV)». Este incidente de recusación presentado por Peset y al que sólo se sumó Camps. Los otros veinticinco procesados en esta causa se han mantenido en silencio en la catarata de recursos y recusaciones que han protagonizado el expresidente del Consell y el exsubsecretario de Sanidad.
El incidente de recusación ha sido rechazado por los veinte magistrados del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia en un auto en el que ha sido ponente el magistrado Juan Francisco Martel Rivero, «quien expresa el parecer mayoritario del Pleno», según el auto al que ha tenido acceso Levante-EMV.
«No bastan sospechas o dudas»
El pleno de la sala de lo Penal recuerda que «no basta, para apartar a un determinado juez del conocimiento de un asunto, que las sospechas o dudas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es preciso determinar, caso a caso, más allá de la simple opinión del acusado, si las mismas alcanzan una consistencia tal que permita afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas».
Y resaltan que «la recusación formulada está basada en informaciones periodísticas, que expresan una legítima posición -ajena a la causa- acerca del supuesto ‘veto’ del Partido Popular al acceso del magistrado De Prada Salaesa al Consejo General del Poder Judicial». Por último, consideran «desproporcionado concebir, sin prueba que lo acredite, una supuesta animadversión del magistrado hacia el Partido Popular, derivada de los obstáculos que pone a la posible designación del recusado para formar parte del Consejo General del Poder Judicial y que conlleva a que aparezca comprometida su imparcialidad».
