El gobierno valenciano se ha alineado con el de España en la defensa de la rebaja de los impuestos especiales que gravan la luz o los hidrocarburos para contener la factura energética que ha disparado la inflación y afecta a familias y sectores económicos. El Gobierno está pendiente del Consejo Europeo y de la ronda por distintos países del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero ya ha deslizado que prevé reducir los impuestos para rebajar la factura.
Las tres vicepresidentas, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, se han reunido este lunes telemáticamente con los consejeros de Hacienda y Economía por lo que el Consell ha trasladado a través de los titulares de ambos departamentos, Vicent Soler y Rafael Climent, la posición valenciana.
En esencia, lo que el gobierno valenciano defiende es la aceptación de una rebaja de impuestos en electricidad e hidrocarburos, pero sin que afecte a sus ingresos. El Consell no quiere que la autonomía más infrafinanciada de España, la valenciana, pierda recursos con la rebaja de impuestos, que supone un respiro para empresas y familias pero también, obviamente, menos ingresos para el Estado, lo que al final acaba por afectar también a la ciudadanía ya que los recursos de las administraciones son menores.
Aquí es donde chocan dos posiciones ideológicas contrarias, la del PP que en la Comunitat Valenciana ha vuelto a pedir este mismo lunes rebajas generalizadas de impuestos, con la de la izquierda, que las rechaza porque pondría en jaque el escudo social que depende de que el Estado siga manteniendo sus ingresos.
Así, el Consell ve bien que se beneficie a sectores concretos afectados por el aumento del precio del gas, luz o carburantes, pero en ningún caso el gobierno valenciano es partidario de una bajada generalizada de impuestos, puesto que ahora más que nunca "necesitamos políticas expansivas y ello requiere de recursos", señala el conseller Soler.
Pero sí ve bien el gobierno valenciano una minoración "selectiva" o de los impuestos especiales a la electricidad y los hidrocarburos, que ayuden a compensar el impacto en las industrias intensivas en energía, como el sector azulejero, las más perjudicadas por la subida de los costes energéticos.
Y todo ello sin que esta medida tenga impacto en los ingresos autonómicos, reclama el conseller. "Las autonomías infrafinanciadas como la valenciana, no podemos dejar de recibir ingresos para prestar los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y las políticas sociales, con la mejor calidad posible. Hay que hacer compatible esa rebaja de impuestos con el mantenimiento de los ingresos autonómicos”, defiende el responsable de Hacienda.
El Consell también ha pedido que se flexibilicen necesariamente las reglas fiscales y extiendan todo lo posible el marco temporal de ayudas de Estado. También defiende el Consell la limitación del precio de la energía, tanto para consumidores como para empresas. Y un bono energético que no esté vinculado únicamente al ingreso mínimo vital, sino que se extienda también a las clases medias.
El Consell defiende un bono energético que no esté vinculado únicamente al ingreso mínimo vital, sino que se extienda también a las clases medias.
Según Vicent Soler, “sin dejar de ayudar a aquellas familias que tienen menos recursos, es necesario reducir también la factura energética para aquellas familias de nivel económico medio que están notando también en sus ingresos y en sus costes mensuales esta alteración del precio de la electricidad”.
El conseller también pide impulsar una transición energética fomentando las energías renovables. En el corto plazo, ha reconocido la importancia de flexibilizar la tramitación de la instalación de plantas de renovables “para ayudar a acelerar la transición energética”, al tiempo que en el medio plazo ha pedido “priorizar los Perte relacionados con proyectos energéticos y también con los que permitan acelerar la actividad económica y la creación de empleo".
Así, tanto Soler como Climent han pedido en la reunión con las vicepresidentas medidas para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania, entre las que figuran las mencionadas: limitación del precio de la energía, la flexibilización de las reglas fiscales, la aminoración de impuestos especiales a la electricidad e hidrocarburos, el uso extensivo del bono energético y el fomento de las energías renovables.
Asimismo, también han apostado por la habilitación de un nuevo Fondo de Solvencia con ayudas directas para las empresas más afectadas por la invasión rusa en Ucrania dotado con los remanentes del Plan de Solvencia que el gobierno habilitó para los sectores económicos más afectados por la crisis de la covid y que ahora debe volver a reinvertir en el tejido productivo que se ha visto impactado por la guerra” y que en el caso valenciano supone unos 300 millones.
