La CGT y Acció Ecologista-Agró anuncian la presentación de recursos contenciosoadministrativos contra la aprobación por silencio administrativo de los planes de ordenación cinegética, de acuerdo con la última modificación de la Ley de Caza, en los que se planteará una cuestión de inconstitucionalidad. Consideran que dicho silencio estimatorio vulnera la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ley estatal de carácter básico que establece que, en las autorizaciones de actividades que puedan dañar el medio ambiente, el silencio administrativo tendrá carácter desestimatorio.

La CGT manifiesta su repulsa "ante la pasividad mostrada por los supuestos gobiernos más progresistas de la historia, ante un asunto que se podría haber resuelto en el seno de la Comisión bilateral Estado-Generalitat, como ha reclamado la CGT desde hace meses". "El plazo de tres meses para que la Comisión se pronuncie sobre la cuestión, desde la aprobación de la modificación de la Ley, finaliza el 30 de marzo, y ninguno de los dos gobiernos la han convocado, hecho que consideramos extremadamente grave tratándose de dos gobiernos que se consideran progresistas", señalan desde el sindicato.

En contra de los intereses sociales

En opinión de la CGT, "el Gobierno del Botànic se ha aliado con el lobby de los cazadores en contra de los intereses sociales en la defensa de la sostenibilidad y el disfrute general del medio natural y la protección de los animales, como lo demuestra las 13 modificaciones de la Ley de Caza realizadas ”de tapadillo” por las leyes de acompañamiento en los tres últimos años, para eliminar prohibiciones de determinadas técnicas de caza y beneficiar económicamente a la Federación de Caza".

"Se podría incurrir en un delito de prevaricación", según CGT

Asimismo, la CGT estudia la vía de la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, "por entender que ambos gobiernos están actuando impidiendo la reunión de la Comisión bilateral y una valoración jurídica independiente de sus propias Abogacías sobre esta cuestión, lo que podría constituir un delito de prevaricación".

Por último, la CGT denuncia la política privatizadora de los controles administrativos que está realizando el gobierno del Botánico, en aras de una supuesta agilidad administrativa en la autorizaciones de determinadas actividades económicas, lo que significa apartar al personal funcionario público del ejercicio de su función de velar por el cumplimiento de la legalidad y la satisfacción de los intereses generales, y dejar en manos de los lobbies de turno el control administrativo de su propia actividad