Nuevo giro en la investigación abierta contra trece cargos y funcionarios de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y personal del centro concertado de menores en el que un educador -exmarido de la vicepresidenta Mónica Oltra- abusó de una niña tutelada. Tanto la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, como la subdirectora de este departamento, Gemma Plaza, echaron ayer un capote a Oltra, aunque para ello tuvieran directamente que desmentir las declaraciones que la responsable de Políticas Inclusivas realizó el pasado día 7: «El informe lo pedí yo, así que vengan a por mí», afirmó tras las primeras declaraciones judiciales de los profesionales investigados.
Las dos citadas ayer negaron haber recibido orden alguna de Oltra en este sentido, haber hablado con ella sobre este caso concreto de abusos a una menor e incluso alegaron que desconocían que el educador al que se estaba acusando era marido o expareja de la propia consellera. Ambas coincidieron al argumentar que se enteraron de que se trataba de la pareja de Oltra a través de los medios de comunicación cuando el caso llegó a juicio.
La subdirectora general de Infancia reconoció ante el titular del juzgado de Instrucción número 15 de València, que lleva el caso por el presunto encubrimiento y el trato que recibió la menor, que fue ella quien firmó el oficio para abrir un expediente por estos hechos ocurridos entre 2016 y 2017 en un centro de menores de València, pero aseguró que en ese momento desconocía que ya estaba judicializado el caso.
En lo que coincidieron ambas investigadas es que Oltra no intervino en ningún momento en esta investigación paralela sobre los sucesos ni estuvieron en contacto con ella. De hecho, insistieron en que desconocían por completo que el educador acusado de abusos -condenado luego a cinco años de prisión- fuera el marido de la vicepresidenta (ahora, exmarido).
No obstante, Oltra dijo ante los medios de comunicación que fue ella misma quien encargó el 8 de agosto de 2017 la apertura del expediente extrajudicial «para saber qué actuaciones se habían realizado, por qué no se había derivado a la presunta víctima al Instituto Espill; y por qué no se le había hecho la atención psicológica de tratamiento que hacía falta». Como una forma de analizar en qué se había fallado en esta denuncia.
A raíz de estas manifestaciones el juez instructor remitió un oficio solicitando las posibles grabaciones de las declaraciones, en cuyo auto cuestionaba a Oltra al remarcar que el expediente «no se orientó a ninguna de las finalidades» que alega la vicepresidenta.
Inicialmente, el juzgado citó como investigados a ocho técnicos y cargos de la conselleria y a responsables y trabajadores del centro tras dos denuncias, una interpuesta por la menor (representada por el líder de España 2000) y la otra por la asociación Gobierna-te (encabezada por Cristina Seguí, próxima a Vox en el pasado), por posibles delitos de encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, abandono de menores o personas de especial protección y contra la integridad moral.
Posteriormente, el juez acordó investigar también a otras cinco personas en relación con estos hechos por la «sospechosa actuación del personal directivo y técnico de la conselleria, particularmente del personal que ordenó y llevó a cabo lo calificado como ‘instrucción parajudicial’, así como el tratamiento dispensado a la menor que según lo relatado, lejos de ser protegida fue objeto de una injustificada persecución», remarcaba el instructor en su auto judicial.
