El síndic de Greuges, Ángel Luna, quiere que el paso del tiempo deje de ser un enemigo. Suena a filosofía y lucha por la eterna juventud, pero es algo tan material y farragoso como la de toparse con la realidad de la burocracia administrativa cada vez que se le requiere algo desde la defensoría del pueblo valenciano. El «no tenemos tiempo» suele ser un subterfugio de conselleries y demás entidades públicas para esquivar las contestaciones de un asunto incómodo contra el que se quiere blindar.
El «debido a la carga de trabajo no resulta posible atender su solicitud con la celeridad requerida» con el que respondió la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas hace seis meses (en pleno choque entre los dos estamentos) a la petición de documentación del pago de la Renta Valenciana de Inclusión por parte de la sindicatura es un ejemplo de este tipo de documentaciones que se quieren evitar.
Según publicó el pasado viernes el DOGV, el nuevo reglamento del síndic le permitirá al defensor del pueblo valenciano suspender «automáticamente» el plazo máximo para resolver un procedimiento de queja «cuando se soliciten informes de investigación, ampliación o nuevas diligencias». Una suspensión que, no obstante, solo podrá durar un mes, pero que pretende dar margen por parte del órgano fiscalizador a las instituciones (conselleries o ayuntamientos, por ejemplo) a las que se les solicite. Este plazo podrá volver a suspenderse «si se produjera una ampliación de la investigación».
Actualmente, según la ley promulgada hace un año, los procedimientos de queja debían concluir en el plazo de tres meses con una resolución del síndic, aunque abre la puerta a una ampliación de tres meses de manera «excepcional». En esta ley, se indica que las personas investigadas «dispondrán de un plazo de un mes» para remitir al Síndic de Greuges un informe detallado.
Este plazo es el que se pretende ampliar si se solicita más información y se topa con la lentitud burocrática. Pero no es la única manera. Otra vía que se abre con la nueva regulación es que los propios órganos investigados o a los que se les reclama algún tipo de información puedan pedir una ampliación del plazo para responder. Una muestra de voluntad de que se quiere colaborar, pero que resulta imposible hacerlo en el tiempo exigido legalmente.
Porque hay algo que tienen claro en la sede del órgano fiscalizador: quien no quiere colaborar, no lo hace. Da igual que se le dé más o menos tiempo. Este es solo excusa, una justificación ante la que parapetarse en el silencio. Con la nueva normativa lo que se quiere es que el problema no sea de plazos, que el paso del calendario no suponga un motivo para que las investigaciones decaigan.
El nuevo Reglamento de Organización y Funcionamiento llega un año después de la ley que regula esta figura y con seis meses de retraso según lo previsto en la legislación. Esta sirve para «precisar» (indican fuentes de la entidad) algunos de los aspectos que ya vienen marcados en la legislación como la potestad de la Sindicatura de Greuges de poder acceder a las oficinas de las instituciones investigadas para recabar información o la posibilidad de realizar entrevistas a los cargos de los departamentos inmersos en expedientes.
Los trámites se desarrollarán en la lengua en la que se haga la queja
Si la queja se presenta en valenciano, toda la tramitación posterior será en valenciano y lo mismo si el documento por el que se pida abrir la investigación es en castellano. El nuevo reglamento de organización y funcionamiento señala que la lengua de cada procedimiento «será la elegida por el promotor de la queja de entre las dos oficiales en la Comunitat Valenciana».
Esta «queda fijada al principio del procedimiento» y será «la utilizada para dirigirse a los sujetos investigados, y en la que estos emitirán los informes y posicionamientos en cumplimiento de sus obligaciones legales y de colaboración con el Síndic de Greuges en sus investigaciones, ya que serán remitidos a los interesados para su conocimiento y posibles alegaciones», tal y como indica el texto.
En este ROF también se deja por escrito que el síndic contará con «un adjunto y una adjunta», es decir, se garantiza la paridad en el segundo escalón y que uno deberá estar especializado en asuntos de infancia y la otra persona en asuntos de personas con diversidad funcional. La reunión de la Junta de Coordinación se realizará «cada mes».
Asimismo, se apunta que a los 15 días de que se presente la queja el síndic deberá dar una respuesta de si se admite a trámite y que, en caso de ser rechazada, la persona que la presente tendrá otros diez días para «mejorarla». Para estas, no deberá haber pasado más de un año desde los hechos o desde el conocimiento del mismo, el síndic podrá seguir con esta de oficio aunque sea retirada y la administración no podrá presentar quejas en lo referente a su ámbito.
