Los tres partidos del Botànic han aprobado este jueves la nueva ley de Transparencia y Buen Gobierno que reforma la aprobada por los populares en 2015. La votación ha salido adelante por 51 votos a 46. Pero lo hace únicamente con los votos de la izquierda, PSPV, Compromís y Unides Podem, porque no ha fructificado la negociación con Ciudadanos que el Botànic intentó mantener hasta el último momento. La formación centrista vota en contra junto a PP y Vox, pero pese a todo se incorporan algunas de sus propuestas.
Ciudadanos asegura que sus enmiendas no eran ideológicas y venían de los técnicos. Pero la diputada Mamen Peris lamenta que aunque se han aceptado muchas de sus enmiendas, y se incluye la obligación de conocer la titularidad de la propiedad real de las empresas que contratan con la Administración, el Botànic no acepta otras y evita, por ejemplo, que se publiquen las nóminas de altos cargos y personal eventual. Ciudadanos también defendía incorporar la potestad sancionadora.
La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno pretende, según el Botànic establecer un marco para la buena administración y el fomento de la cultura de la planificación y la rendición de cuentas.
Entre las principales novedades de la ley, destaca la ampliación de las obligaciones de publicidad activa de la Generalitat, que refuerzan el derecho de la ciudadanía al acceso a la información pública, la reforma del Consell de Transparencia para su profesionalización, y las nuevas introducciones en materia de reutilización de datos.
La nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno tiene como objetivo principal mejorar el acceso de la ciudadanía a la información pública y se constituye a través de cuatro ejes fundamentales: el principio de transparencia en la administración, el fomento de la apertura y reutilización de datos, la promoción de códigos de conducta y buen gobierno en las administraciones públicas y, finalmente, la planificación y la evaluación normativa de políticas públicas, que se materializará en la elaboración por el Consell de un Plan de gobierno como plan estratégico de la legislatura, destaca el Botànic.
Además, la reforma del Consell de Transparencia y Acceso a la Información Pública pasa a denominarse Consell Valencià de Transparència. La profesionalización de sus miembros se traducirá en una dedicación exclusiva, diaria y continuada para garantizar la formación, el asesoramiento y acompañamiento del cumplimiento de la ley por parte otros organismos públicos, como por ejemplo los ayuntamientos.
Esta profesionalización, tres miembros del consejo tendrán cargo de director general, es decir cerca de 60.000 euros anuales, desliga a los miembros del Consell de los grupos parlamentarios de las Corts, evitando así que cada grupo elija su representante propio. La profesionalización de los miembros del Consell Valencià de Transparència se traducirá en más garantías para su independencia y buen funcionamiento, aseguran.
Ciudadanos ha manifestado su “decepción” por que el tripartito “también ha impedido que el Consejo de Transparencia sea verdaderamente un órgano independiente y con capacidad sancionadora cuando se cometen irregularidades”. “Podríamos contar con un Consejo plural, de prestigio y con capacidad para garantizar el cumplimiento de la ley, tal como solicitan los expertos, pero el Botànic prefiere desmantelarlo y amordazarlo porque les molesta que les pidan explicaciones y pongan de relieve sus infracciones”, ha concluido.
El diputado del PP Nando Pastor, asegura que se aprueba sin controles de fiscalización y que eso en una ley de Transparencia no queda bien y que el Consejo de Transparencia queda en manos de la conselleria que paga a sus tres miembros que pasan a tener dedicación exclusiva. Vox considera que es una chapuza.
El diputado de Compromís Jesús Pla destaca que se avanza en transparencia y añade que es una buena ley y la diputada socialista Mercedes Caballero cree que mejora en mucho anterior y es mucho más plural.
La diputada de Unides Podem, Estefanía Blanes, dice que se garantiza el acceso a la publicidad activa de la Administración y amplía los derechos democráticos de las personas.
