Sindicatos y Conselleria de Justicia comenzaron este viernes las negociaciones para desenredar el futuro de los interinos en las administraciones. Supone el primer paso de un proceso que tiene su plazo máximo el 1 de junio y que podría afectar a casi un 40 % de la plantilla pública. Sin embargo, los avances no llegaron de las conversaciones mantenidas en la mesa técnica sino del Ministerio de Hacienda y más en concreto de la Secretaría de Estado de Función Pública.
Prácticamente a la vez que el encuentro se zanjaba con un apretón de manos, una primera toma de contacto y presentaciones, el ejecutivo central lanzaba sus orientaciones con las que precisa la Ley 20/2021 que marca estos procesos de estabilización y reducción de la temporalidad en el empleo público. Y entre las principales novedades de la resolución está que aunque abre la puerta a que los procesos de concurso oposición puedan «no ser eliminatorios», sí que señala que en todo caso «deberá fijarse la puntuación directa mínima para superar la fase».
La ley estatal acordada a finales del año pasado deja en manos de las autonomías la decisión de cómo regular el acceso de los interinos en puestos de la Administración desde 2016 (a los que llevan más tiempo se les acepta la entrada por concurso de méritos, sin examen) a las futuras plazas convocadas y que sea o no eliminatorio el examen era una posibilidad que podía fijar el departamento que dirige Gabriela Bravo. Sin embargo, la última resolución del ejecutivo marca la obligación de fijar una puntuación mínima que, a efectos prácticos, actúa de corte.
Más allá de esta novedad, la resolución firmada por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, indica que la valoración de méritos una vez celebrado el proceso de oposición establecerá que como máximo se pueda establecer un 90 % a méritos profesionales (es decir, experiencia en el sector público) y un mínimo de un 10 % a méritos académicos «u otros».
Estos baremos son unos mínimos que fija el Gobierno para toda España, pero su concreción depende ya de las comunidades autónomas. Igual que ocurre con qué nota mínima fijar, cómo hacer el reparto de estos porcentajes forma parte de la negociación que este viernes empezaron sindicatos y Generalitat. Precisamente cuánto peso darle a la experiencia en cada puesto público, si es un ayuntamiento o una conselleria, será uno de los puntos que habrá que desenredar. También el número de plazas y cómo computarlas.
La primera reunión, no obstante, ha sido una «toma de contacto», según confirman los diferentes sindicatos. En este sentido, tanto UGT como CCOO PV como CSIF confían en la voluntad de acuerdo trasladada por la Administración que quiere a todos los sindicatos en el pacto y confían en que sirva para reducir definitivamente la temporalidad, como marca la ley. Así, indican que la conselleria presentará su propuesta en la reunión del próximo martes, fecha en la que arrancarán las reuniones semanales.
