Uno de cada diez valencianos sufre carencia material severa y la mayoría no recibe ayudas de emergencia

La C. Valenciana también es de las autonomías que menos dinero invierte por persona en las ayudas de emergencia social. La media es de 195 euros al año y solo está por delante de Cataluña (194,8), Canarias (176,9) y Andalucía (91,1).

Las ayudas de emergencia son una partida de servicios sociales dedicada para situaciones imprevistas que requieran de una actuación rápida para una familia o persona. Normalmente son ayudas para la comida, el pago de luz, agua o gas, del alquiler, para la ropa, o cualquier otro elemento de primera necesidad y que sea urgente. Por contra, somos una de las autonomías que más dinero invierte en este tipo de ayudas de España.

Los directores de Servicios Sociales denuncian que las ayudas no llegan por un "entramado burocrático, innecesario y cruel" que dificulta el acceso.

La realidad que denuncian los directores de Servicios Sociales es que las ayudas no llegan por un "entramado burocrático, innecesario y cruel" que dificulta a las familias acceder a estos subsidios. También atasca otros como el Ingreso Mínimo Vital, que solo llega a 428.000 hogares "la mitad de los 850.000 que el propio Ministerio consideraba potenciales receptores", explica la asociación.

En el ámbito de España, las ayudas para atender las necesidades más básicas de urgencia (alimentación, vestido, alquiler, luz...) han llegado solo al 43 % de las personas con graves dificultades materiales En la C. Valenciana el porcentaje es menor y solo han llegado al 38 %.

Población con carencia material severa por autonomías. Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales

Infierno burocrático

Muchos ayuntamientos valencianos y de otros lugares de España han incrementado fuertemente su presupuesto para servicios sociales gracias a una inversión histórica del Ministerio, pero como recuerda la asociación, la burocracia "y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro, y por tanto "la eficacia de las ayudas". "Hay ayuntamientos que pueden tardar más de dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabajas para justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes", critican.

"Hay ayuntamientos que pueden tardar más de dos meses en dar una ayuda de urgencia social", denuncia la asociación

Algunas comunidades (como la valenciana) "han incrementado esta financiación con procedimientos paralelos y contradictorios para sortear las dificultades burocráticas impuestas por la interpretación de la Ley de Subvenciones por la Intervención General". Precisamente en esta ley pone el foco la asociación, y por eso pide sacar estas ayudas fuera del texto, para que de verdad sean, como su nombre indica "de emergencia".

Por eso proponen además que "la Intervención General de la Administración del Estado envíe una instrucción a los interventores municipales para que agilicen las ayudas económicas de urgencia". En definitiva, lo que proponen es "derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria)".

Por último, la asociación plantea una pregunta: ". ¿Se imaginan que la prescripción de un facultativo de la sanidad fuese sometida a estos procedimientos y que las prestaciones del Sistema de Salud tuvieran la consideración de subvenciones? Los pacientes morirían esperando la aprobación del interventor y del procedimiento administrativo", reivindican. Se trata, en síntesis, de poner los servicios sociales a la altura del resto de pilares del estado del bienestar.