Ni pedir es un vicio ni no dar siempre es una virtud. Ahí el refranero español andaba errado porque los juegos parlamentarios y democráticos van de eso: de elaborar propuestas, negociarlas y, en algunos casos, aceptarlas. Es ahí donde se enmarca el "plan de reactivación" que presentó este miércoles el líder del PP, Carlos Mazón, de 500 millones de euros en ayudas y con el que, dijo, estar disponible para "negociar, dialogar y pactar" con Puig este paquete de medidas.
El plan desgranado por el presidente del PPCV incluye 400 millones a autónomos y pymes, "especialmente dirigido al sector del transporte y algunos sectores primarios", que se obtendrían de los más de 800 millones que se recaudan en el concepto de la tasa de los hidrocarburos así como otros 100 millones que irían a cargo de los más de 151 millones que se recaudan de la tasa de la energía en la Comunitat Valenciana.
La propuesta, indicó el también presidente de la Diputación de Alicante, llega ante "la falta de iniciativas" de Puig y por la que el grupo popular en las Corts ha presentado una Proposición No de Ley (PNL) en la que se proponen una serie de medidas de "carácter urgente y que se pueden poner en marcha de manera inmediata" para reactivar la economía y hacer frente a "la grave situación económica y social" que vive la Comunitat Valenciana y que "no puede esperar".
El líder de la oposición reclama la exención de tasas portuarias para los pescaderos y un fondo de emergencia energética
Mazón, de hecho, pidió al ejecutivo autonómico ir más allá de la bajada del 10 % de las tasas autonómicas anunciadas el fin de semana por el ejecutivo autonómico y exigió medidas "más inmediatas" ya que la situación es "insostenible". Entre ellas, situó otro descenso de impuestos. Sin embargo, hay veces que si pedir no es un vicio, sí que se topa con la imposibilidad técnica que tiene los repartos de competencia.
En esta se incluye la reclamación de Mazón a Puig de reducir "inmediatamente los impuestos especiales a los hidrocarburos" y aplicar "un IVA reducido para paliar los efectos de la crisis tanto para las familias como las empresas". Tanto el tipo que se fija de IVA reducido como los productos que se incluyen en este como la tasación del impuesto especial de hidrocarburos son competencia del Gobierno de España, aunque una parte de la recaudación vaya a la Generalitat Valenciana.
Así, pese a que indicó que existen "dos formas de gobernar en España"; una en la que las comunidades del PP "donde se bajan impuestos y se toman medidas para hacer frente a la crisis" y otra, la de las autonomías donde gobierna el PSOE "en las que impera la inacción y la falta de sensibilidad", en ninguna de ellas esas acciones iría por la vía de la bajada del IVA.
A Mazón no le parece "razonable" que en estos momentos "sean los Estados los que obtienen una recaudación extraordinaria". "No se entiende que, con este gravísimo contexto, se continúen retrasando decisiones inaplazables, el Gobierno de Sánchez y de Puig deben ejecutar de forma inmediata medidas para aportar soluciones a esta situación", urgió.
Bajar el IRPF
Mazón manifestó, no obstante, que "la prioridad absoluta es la rebaja del IRPF a los salarios más bajos, suspender tasas, licencias y otros costes asociados a los sectores más afectados" por esta crisis mientras dure el alza de los precios, así como "eximir o bonificar a los pescadores del pago de las tasas portuarias y pesqueras en los puertos de titularidad de la Generalitat como mínimo en los próximos 3 meses". Una parte del IRPF sí que corresponde a las comunidades autónomas, igual que algunas tasas.
Asimismo, ha insistido en que se aplique la rebaja fiscal planteada por el PP desde hace meses para la Comunitat Valenciana, que supone "un ahorro al contribuyente de 1.500 millones", recuperar las ayudas para pobreza por un importe de 5 millones y crear el Fondo valenciano para la eficiencia energética y la garantía de suministros básicos.
Además, considera "fundamental" que se establezca una línea de ayudas directas para compensar la subida del recibo a aquellas familias que no puedan acogerse al bono social eléctrico /térmico pero que "por las circunstancias excepcionales que atravesamos, estén en claro riesgo de pobreza energética y térmica".
Por último, pidió a Sánchez aplicar "un tipo impositivo súper reducido del 4% del IVA al suministro de gas natural, y de calefacción urbana y aprobar un plan de contingencia que garantice el suministro de productos básicos a la población".
