Una decisión histórica. O eso parece porque todavía no hay nada sobre el papel, solo anuncios. El Consejo de Ministros acordó enviar a las Cortes el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de trabajo decente para las empleadas domésticas.
Este convenio dotará de la misma protección laboral que el resto de trabajadores a 30.000 mujeres empleadas del hogar en la C.Valenciana. Una reivindicación (la ratificación del convenio) que las trabajadoras han liderado durante once años.
Pero ellas, las empleadas, desconfían. Queda todavía mucho recorrido. El Congreso debe votar, serán necesarios cambios legislativos, y después de todo eso, cuando se ratifique, todavía deberá pasar un año para que la reforma sea efectiva. Marcela Bahamón, portavoz de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y los Cuidados (Aiphyc), que se reunirá este viernes con responsables del Ministerio de Igualdad, pide calma. "Ojalá y se ratifique mañana y se publique en el BOE, pero aunque lo hiciera tienen un año de plazo para ponerse en marcha", recuerda Bahamón.
El sector del trabajo del hogar está feminizado y sobre todo muy precarizado. En la C.Valenciana hay 30.238 empleadas del hogar (con papeles, sin ellos son muchísimas más).
Según los datos del Sistema Especial de Empleados Hogar (Régimen General de la Seguridad Social) del pasado mes de marzo, en la hay afiliadas 8.785 empleadas en la provincia de Alicante; 3.557 en la de Castelló y 17.896 en la de Valencia. El 95,9 % son mujeres y el 41 % inmigrantes (un dato que sería muy superior si contamos ese gran porcentaje de trabajadoras irregulares).
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, se ha pronunciado sobre esta decisión del Gobierno y ha destacado “el gran avance que supondrá la ratificación de este convenio para un colectivo especialmente vulnerable, sobre todo mujeres y personas migrantes, que suele ser discriminado en las condiciones de empleo”.
Régimen de infraderechos
Las cuidadoras remuneradas tienen un largo historial bajo un régimen de infraderechos firmado hace once años por el Gobierno del Partido Popular y la complicidad de los grandes sindicatos (CC OO y UGT). En el año 2012 España se negó a firmar el Convenio 189, creado en noviembre de 2011, y en su lugar creó una "Relación laboral de carácter especial", que dota a las empleadas domésticas de derechos de segunda categoría.
No tienen derecho a paro, ni a ningún otro subsidio como maternidad o paternidad. Ni a baja laboral. Pueden ser despedidas en cualquier momento y sin mediar explicaciones ni dinero con la figura del "desestimiento". No pueden formar un sindicato ni pelear por un convenio. No están dentro de la ley de prevención de riesgos laborales ni se les reconocen enfermedades profesionales de ningún tipo. Tienen reconocido legalmente la semana laboral de 60 horas semanales en régimen de interna, con descansos menores a los del resto de trabajadores y trabajadoras del país. Y muchos otros infraderechos.
Por eso, como apunta Bahamón, "si el Gobierno quiere demostrar su buena voluntad y que está comprometido con la causa puede ponerse a ello y garantizar que este año tendremos derecho a desempleo, o reformar la ley y eliminar la figura del desestimiento, por ejemplo", reivindica. "Nos parece bien la voluntad política, pero hasta que no esté publicado en el BOE no dejaremos de pelear". Como recuerda Bahamón, no es la primera vez que las administraciones prometen y no cumplen con su reivindicación que es ser, ni más ni menos, trabajadoras como el resto.
El Convenio 189 garantizaría todos estos derechos y señala, por su lado, que las personas trabajadoras deberán ser informadas sobre las condiciones de empleo de forma adecuada, veraz y comprensible, priorizando el contrato escrito. También regula la igualdad de trato con el resto de las personas trabajadoras en general en cuanto a descansos y vacaciones.
Esta decisión del Gobierno llega después de dos varapalos judiciales históricos. En 2019, una trabajadora del hogar de Vigo emprendió una batalla contra la administración para denunciar su caso. La Seguridad Social le negó el derecho a cotizar por desempleo. Ocurrió a otra trabajadora del hogar en Barcelona, a la que el SEPE denegó también el subsidio para mayores de 52 años.
En el primer caso, el magistrado del juzgado de Vigo elevó el recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El pasado 24 de febrero resolvió que la legislación española discrimina a las trabajadoras del hogar por negarlas el desempleo. El asunto volvió al juzgado del que salió, y el 17 de marzo se reconoció el derecho de C. a cotizar. El 16 de marzo llegó otra victoria, la de la trabajadora de Barcelona. Es la primera vez en España que una trabajadora del hogar accede a un subsidio por desempleo.
El Convenio 189 también determina que la legislación nacional contemple que los y las trabajadoras domésticas migrantes que sean contratados en un país para prestar servicio en otro, reciban por escrito una oferta de empleo antes de cruzar la frontera, así como que regule las condiciones de repatriación de los trabajadores domésticos migrantes al fin de su contrato, y se asegura la libertad de los trabajadores para alcanzar acuerdos con el empleador sobre su residencia en el hogar de trabajo, los periodos de descanso y la conservación de sus documentos de viaje e identidad. En cuanto a la remuneración, "se estipula la percepción del salario como mínimo una vez al mes, limitando la remuneración en especie", según explica el Gobierno.
