Los partidos que sostienen el Botànic, PSPV, Compromís y Unides Podem, han registrado esta mañana en las Corts Valencianes la proposición de ley de medidas fiscales para impulsar el turismo sostenible, que permitirá la implantación de una tasa a las pernoctaciones turísticas en la Comunitat Valenciana. Los tres partidos esperan aprobarla en el parlamento valenciano antes acabe el año. Una vez esté aprobada y publicada en el DOGV entrará en vigor entonces una moratoria de un año más, prevista en la ley, por lo que los ayuntamientos podrán implantarla a finales del 2023 o ya a principios de 2024.
De esa forma se salva el tiempo electoral de 2023 y se da tiempo a calibrar también la afección que sobre el sector turístico tiene la invasión rusa de Ucrania. El impuesto cuenta con el rechazo de la patronal del sector y de los tres partidos de la oposición, PP, Ciudadanos y Vox.
La ley crea el impuesto valenciano a las estancias turísticas (Ivet) como un impuesto propio de la Generalitat que grava la capacidad económica que se pone de manifiesto al permanecer en un establecimiento turístico. Lo hace de forma progresiva según la categoría del inmueble. En Europa 21 de los 30 países tienen un impuesto de este tipo, recoge la exposición de motivos. Los ingresos revertirán en el mantenimiento del atractivo turístico que hace que la Comunitat Valenciana sea un destino demandado, de forma que sea aún más competitivo. La norma, como ya se ha publicado, es voluntaria y de tipo municipal, es decir no hay un impuesto autonómico.
Los recintos turísticos afectados por la normativa son los establecimientos hoteleros, cámpings y áreas de pernocta de autocaravanas, casas rurales, albergues y acampadas en finca particular con vivienda habilitada, además de bloques y conjuntos de viviendas turísticas y las embarcaciones de crucero.
Quedan exentos los menores de 16 años, las estancias subvencionadas por programas sociales, las que sean por motivo de salud
Quedan exentos los menores de 16 años, las estancias subvencionadas por programas sociales, las que sean por motivo de salud siempre que se justifiquen las necesidades de prestación sanitaria, las de fuerza mayor (catástrofes naturales o actos violentos), estancias en albergues juveniles, competiciones deportivas, las declaradas de utilidad pública, congresos o eventos científicos organizados por universidades o estancias de personas con discapacidad si se supera el 66%.
La base imponible del impuesto oscila entre los dos euros por día de los hoteles y apartamentos de lujo y los 0,5 euros de hasta tres estrellas, hostales, pensiones y albergues. Para los cruceros o yates turísticos el precio por día es de 1,5 euros por persona. El Consell y los ayuntamientos que decidan aplicar el impuesto habilitarán fórmulas para informar y facilitar la participación de los turistas sobre el destino de la recaudación.
Está previsto en la ley que se cree una comisión autonómica de asesoramiento y seguimiento a la implantación del impuesto formada por representantes del Consell, sobre todo las conselleries competentes en turismo y tributos; representantes de empresas del sector, sindicatos, asociaciones de vecinos y municipios que decidan aplicar el recargo. Así, en el plazo de tres años a la entrada de la ley en vigor y cada tres posteriormente, el Consell elaborará un informe del impacto de la ley y del impuesto para valorar su eficacia.
Puig asegura que la tasa turística no se va a aplicar de manera inmediata en la Comunitat Valenciana porque no es el momento oportuno
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado que la tasa turística no se va a aplicar de manera inmediata en la Comunitat Valenciana porque no es el momento oportuno pero ha defendido que es un impuesto "menor" para el viajero y que será en destinos urbanos donde cree que finalmente se implantará.
Puig añade que la ley no es ninguna excentricidad pues existe en muchos países de Europa desde la perspectiva medioambiental. Además, ha resaltado la capacidad de diálogo con los ayuntamientos para su aplicación porque de ellos depende su implantación. En su opinión, hay productos que les afectaría de forma negativa, como son las actividades relacionadas con los touroperadores donde es más difícil repercutir los precios, y en estos casos los ayuntamientos no implantarán la tasa, mientras que en otros destinos más urbanos supone un impuesto "muy menor" y prácticamente sin consecuencias para el viajero.
