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Emergencia habitacional

La Generalitat sacará al mercado 466 viviendas vacías de grandes tenedores

A falta de 15 días de alegaciones, las casas pasarán al registro de viviendas deshabitadas y deberán ponerse en el mercado en menos de medio año

Edificio situado en la Avenida Peris y Valero nº 87 dedicado al alquiler de vivienda para jóvenes .

La Vicepresidencia y Conselleria de Vivienda sacará al mercado 466 viviendas de grandes tenedores que se encontraban vacías desde hace más de un año. Así lo ha informado hoy al comunicar que ha empezado las primeras declaraciones de viviendas deshabitadas con estas casi 500 casas. A falta de un trámite administrativo, estas casas pasarán de estar vaciadas a incorporarse al Registro autonómico de viviendas deshabitadas para encontrar inquilino o propietario.

El engranaje se ha puesto en marcha tras la aprobación del Decreto 130/2021 del Consell para la movilización de viviendas vacías y deshabitadas del pasado mes de octubre. Según esta norma los grandes tenedores deben comunicar a la Administración autonómica las viviendas vacías de forma semestral para que esta las ponga en el registro y puedan aflorar y moverse en el mercado.

El acuerdo de inicio del procedimiento va acompañado del ofrecimiento de medidas de fomento como el programa de intermediación 'Xarxa Lloga'm', que cuenta con la intervención de los profesionales del sector inmobiliario para ayudar a encontrar personas que habiten las casas.

Durante la presentación de este registro, el vicepresidente y conseller de Vivienda Héctor Illueca aseguró que con la medida se pretendía movilizar "20.000 inmuebles en desuso en manos de entidades financieras". Según el decreto los grandes tenedores están obligados a comunicar sus viviendas deshabitada, pero durante la primera tanda tan solo se ha informado de 466 inmuebles.

Para que una vivienda se considere "deshabitada" debe ser propiedad de un gran tenedor (más de 10 casas), y no estar destinada al uso residencial previsto o permanecer desocupada sin causa justificada durante más de un año. Ese plazo empieza desde el último día que alguien vivió en la casa o desde que se dio la autorización como vivienda.

Para la directora general de Emergencia Habitacional, Pura Peris, la notificación de los primeros expedientes de declaración de viviendas deshabitadas "va a suponer generar herramientas para hacer realidad la movilización de viviendas vacías y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna".

Peris ha explicado que "queda un periodo de 15 días para que los propietarios hagan alegaciones, y tras entrar en el registro tienen un periodo máximo de 6 meses para movilizar la vivienda". Por otra parte, la directora general ha recordado que en enero del año que viene entrará en vigor el impuesto autonómico de viviendas deshabitadas, regulado por la conselleria de Hacienda.

La siguiente tanda de vivienda llegará dentro de 6 meses y Peris ha asegurado que "esperamos que sean muchas más, porque la obligación de comunicar está ahí y podremos sacar mas inmuebles vacíos al mercado". Aún así ha recordado que "la inspección de vivienda está funcionando para comprobar si hay grandes tenedores que no comunican las viviendas".

Ley de la Función Social de la Vivienda

El pasado 1 de octubre de 2021, el Consell autorizaba el decreto para movilizar viviendas vacías en el ámbito de la C. Valenciana. Concretamente, para desarrollar las previsiones en la ley 2/2017 por la Función Social de la Vivienda, de este texto legal surge el decreto y las viviendas vaciadas que pasarán al registro en 2022.

Conselleria ha recordado que "las medidas que se recogen en el decreto tienen como objetivo movilizar las viviendas vacías, centrándose principalmente en aquellas en manos de grandes tenedores y establecer medidas de fomento para su alquiler".

El decreto, además del registro, prevé la creación de la 'Xarxa Lloga'm' como red de intermediación y fomento del alquiler y la regulación de un programa de alquiler solidario, como iniciativa para la rehabilitación de viviendas no habitadas que serán cedidas a la Generalitat a fin de movilizarlas. Además, el decreto establece un paquete de sanciones que multiplican las de la pasada legislatura. Actualmente oscilan entre los 10.000 y 350.000 euros para las infracciones graves, y hasta 900.000 para las muy graves.

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