La Generalitat Valenciana ha eximido a sus funcionarios y empleados públicos de llevar la mascarilla en sus puestos de trabajo de forma general, con la excepción, por supuesto, de los que trabajen en los ámbitos donde se ha establecido como obligatoria para empleados, usuarios o visitantes: centros sanitarios, residencias sociosanitarias y transportes públicos colectivos.
Eso sí, desde la Administración valenciana sí ven necesario su uso para los trabajadores de mayor vulnerabilidad (mayores de 60, personas inmunodeprimidas o embarazadas) y la recomiendan para quien atienda al público y no pueda mantener la distancia de seguridad o para reuniones de trabajo o en visitas a domicilios, entre otros supuestos.
Así lo ha notificado de forma oficial esta mañana la Generalitat Valenciana a sus empleados, dos días después de que entrara en vigor el Real Decreto 286/2022 que modifica los espacios interiores en los que es obligatoria. En estos dos días, desde la Administración valenciana se había pedido a sus trabajadores mantener su uso (sobre todo a los funcionarios de las consellerias o en el complejo administrativo 9 d'Octubre ya que los sanitarios la tenían que seguir llevando) a la espera de que el Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat) hiciera la preceptiva evaluación de riesgos laborales.
La comunicación de las nuevas normas, sin embargo, no había llegado a mediodía a todos los funcionarios, tal como denunciaban esta mañana fuentes del sindicato CSIF. "Había mucha confusión en trabajadores de la Ciutat de la Justicia, sobre todo después de conocer que ya había resolución del Invassat pero no se había notificado nada, tampoco por la intranet", explicaban desde el sindicato.
Los forenses la tendrán que llevar
El criterio técnico del Invassat ha sido el de seguir este "espíritu" de normalización de la norma estatal y con "carácter general no resultará preceptivo el uso de la mascarilla" y solo mantiene su uso obligatorio para los trabajadores sanitarios y sociosanitarios y los de transporte público colectivo, amén de para los positivos en covid-19 y sus contactos estrechos.
Dentro de los lugares donde sí es obligatoria, la Generalitat incluye lugares específicos que "no son propiamente sanitarios pero sí están destinados a atención sanitaria" como las clínicas forenses del Instituto de Medicina Legal, los despachos de reconocimiento de las unidades de valoración de personas con diversidad funcional y de los servicios de prevención.
Para el resto de puestos de trabajo públicos, la mascarilla deja de ser obligatoria aunque cada trabajador es libra de seguir utilizándola.
La Generalitat recomienda que los funcionarios la lleven también en las reuniones de trabajo, pruebas selectivas o cursos de formación
Recomendada en algunas actividades
Con todo, pese a no ser obligatoria ya, sí habrá lugares y situaciones en los que la Generalitat "recomienda" el uso del tapabocas a sus empleados. Entre ellos están los puestos de trabajo que atiendan de forma directa al público y no se pueda mantener la distancia de metro y medio, para los trabajadores que se desplacen en vehículos compartidos, para los que hagan inspecciones o asistan en domicilios particulares y en situaciones como reuniones de trabajo, pruebas selectivas o cursos de formación. Para cumplir con esta recomendación desde el Invassat piden que la Generalitat siga proporcionando mascarillas FFP2.
Y es que, según se incluye en este evaluación, uno de los entornos donde hay mayor transmisión del SARS-CoV-2 es en los entornos laborales "cerrados" y las actividades que suponen mayor interacción social, con concurrencia de personas como reuniones de trabajo o compartir espacio sin distancia ni ventilación.
En el documento se recuerda también que no se puede exigir a los usuarios (salvo en un hospital, el metro o una residencia) que se pongan los cubrebocas pero sí se puede informar de la "obligación de cooperar" con las medidas organizativas de prevención cuando se prevea que vaya a haber muchos usuarios y no se pueda mantener la distancia de seguridad.
La administración de Justicia, a la espera de sus propias recomendaciones
Estas eran las medidas lanzadas desde el Invassat para el funcionariado público de la Generalitat Valenciana pero en lugares de trabajo como los juzgados, en los que conviven empleados dependientes de varias administraciones y organismos y tienen unas "particularidades específicas", se estaba trabajando en adaptar estos criterios técnicos "a la Administración de Justicia, al igual que se ha hecho con los planes de contingencia específicos realizados durante la pandemia", explicaron fuentes de la Conselleria de Justicia. De esta forma y hasta que esta adaptación esté hecha, se ha optado por mantener las recomendaciones "generales" lanzadas hoy por el Invassat para todo el funcionariado.
En los planes de prevención que se han hecho hasta ahora, Justicia proponía las medidas a adoptar en cada edificio o sede judicial tras una evaluación del Invassat pero estas debían ser consensuadas en los decanatos.
De hecho, el Consejo General del Poder Judicial, del que dependen los miembros de la judicatura, había lanzado su propia guía de recomendaciones: la mascarilla deja de ser obligatoria pero sí recomendaba su uso "responsable y continuado" en espacios cerrados, "especialmente salas de vistas y salas de declaraciones, juzgados de guardia donde no se pueda guardar la distancia mínima de seguridad y lugares donde se produzcan aglomeraciones" o "en desplazamientos a centros penitenciarios, sanitarios o residencias de ancianos y durante los desplazamientos en vehículos compartidos".
