Jorge Bellver, actual vicepresidente segundo de las Corts Valencianes es, según todos los indicios, el investigado número 59 de la macrocausa Azud. Así se desprende de la sucesión de hechos en los que, al parecer, aparece vinculado en el sumario a partir de las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a lo largo de los últimos cinco años, en los que destaca su papel a la hora de que el presunto corruptor de la trama, el promotor Jaime Febrer, obtuviese beneficios en al menos dos de las tramas principales de corrupción urbanística detectadas, colaboración que supuestamente le habría pagado con regalos y otras prebendas.

De momento, la investigación acredita que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él han cesado tras su fallecimiento.

El reloj de James Bond

Según consta en el sumario al que ha tenido acceso Levante-EMV, Bellver habría recibido un reloj Seamaster Omega (el de James Bond), valorado en más de 3.000 euros en 2003; un regalo anotado por Febrer como "Copa América", sin valorar, en 2004; un reloj Brentley, valorado en 2.265 euros, en 2005; un trolley de la firma Ermenegildo Zegna, por valor de 970 euros, en las navidades de 2006; y un reloj Breitling, en 2007.

Hoy mismo, la Mesa de las Corts ha recibido la solicitud de la jueza de Instrucción número 13 de València, instructora de la macrocausa Azud, en la que pide al parlamento valenciano que certifique la condición actual de diputado de Bellver. Se trata del primer paso a la hora de notificarle que su nombre aparece en buena parte d la documentación analizada por la Guardia Civil dentro de la investigación. En su caso, dado el aforamiento del que goza como parlamentario autonómico en activo, la jueza no solo no puede imputarle formalmente, sino que tampoco puede tomarle declaración, como sí hará con el resto de investigados.

Gracias a ese blindaje penal y civil que le protege como diputado, el popular solo podría ser imputado, interrogado como investigado y posteriormente procesado y juzgado, si llega el momento, por magistrados de un órgano superior, en este caso, del Tribunal Superior de Justicia de la C. Valenciana (TSJCV), tal como recoge el Estatut de Autonomia de la Comunitat Valenciana en su artículo 23.3.

La solicitud de información para certificar la actual situación de Jorge Bellver como aforado, a la que el letrado mayor de las Corts deberá responder en el plazo de 24 horas, según reza el protocolo, ha llegado esta mañana por vía extraordinaria, han confirmado fuentes parlamentarias.

El primer paso para la imputación formal

Se trata del mismo camino que ya recorrieron otros jueces que han tenido en su punto de mira a diputados por su presunta implicación en un delito. Así sucedió con Francisco Camps y Rita Barberá en el caso Nóos, con el primero, en el llamado ‘caso de los trajes’ o, más recientemente, con Mónica Oltra, en relación con los abusos sexuales a una menor tutelada por la Generalitat por los que ha sido condenado a cinco años de prisión su exmarido, cometidos mientras trabajaba como educador en un centro dependiente de la conselleria que dirige la vicepresidenta del Consell.

La investigación sobre Bellver deriva del análisis de la documentación intervenida en los registros practicados ya en la primera operación policial, en Azud I (abril de 2019), cuando agentes de la UCO arrestaron, bajo la dirección de la jueza y de la Fiscalía Anticorrupción, al presunto intermediario entre Febrer y el Ayuntamiento de València, el abogado José María Corbín, cuñado de la entonces alcaldesa de València Rita Barberá, y de su socio, Diego Elum.

José María Corbín. EDUARDO RIPOLL

En esa documentación aparecería la presunta participación de Jorge Bellver en las tramas de corrupción urbanística investigadas, que consistían fundamentalmente en que Febrer saliese beneficiado -personalmente o como intermediario de otros contratistas del consistorio valenciano- en la adjudicación de parcelas ‘ad hoc’ o en la consecución de manera ventajista de contratos urbanísticos, esencialmente, pero también algunos de otra índole.

La ley obliga a los jueces de instrucción a completar la investigación en los casos de los aforados, aunque les cercena la posibilidad de completarla con la subsiguiente imputación de delitos, dado que solo deben responder ante el máximo órgano de la jurisdicción penal, el TSJ, en el caso de los parlamentarios autonómicos, y el Tribunal Supremo, cuando se trata de diputados del Parlamento español.

Una vez que las Corts certifiquen que Bellver es diputado autonómico en activo, la jueza puede comunicarle su situación, pero seguirá sin poder citarle. Eso sí, en el momento en que aprecie que los indicios hallados en su contra merecen reproche penal, deberá sugerir su imputación formal ante el TSJ mediante una exposición razonada, que deberá incluir todos los indicios y pruebas recabadas hasta ese momento por los investigadores de la UCO.

El consejero de Aumsa

La presunta participación del vicepresidente segundo de las Corts en la red Azud, de la que fue máximo beneficiario el Grupo Axis, el conglomerado de empresas de Jaime Febrer, se habría producido durante los años que fue máximo responsable municipal del área de Urbanismo (hasta 2012) y, por ende, como consejero, primero, y presidente, después de la sociedad urbanística municipal (AUMSA), la empresa pública creada por el Ayuntamiento de València en 1986 para impulsar el crecimiento urbanístico de la ciudad y que fue pieza fundamental en la trama ahora investigada para la consecución de algunos de los proyectos ansiados por el máximo responsable del grupo empresarial.

Pese a que Bellver forma parte de la investigación desde 2019, su nombre no había trascendido hasta hoy porque la causa judicial, que abarca casi 700 tomos y suma 61 personas investigadas, permanecía secreta hasta el pasado jueves, 21 de abril, cuando la jueza decretó el alzamiento de ese secreto tras cinco años y un mes de investigación.

Precisamente hoy han comenzado a desfilar por el juzgado los procuradores de los primeros ocho investigados de los 58 que aparecen citados en el auto de levantamiento del secreto. Tal como informó Levante-EMV, la causa será entregada a esos 58 imputados por tandas (de mayor a menor importancia por el grado de implicación), cumpliendo un calendario que finaliza el próximo 5 de mayo.