Suscríbete

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

Diputados del Botànic temen que agilizar las renovables reduzca las garantías ambientales

Aseguran que no pueden dar apoyo a medidas que menosprecien la voz de los ayuntamientos y reduzcan su autonomía cuando el decreto del Consell pendiente de validarse en las Corts

Diputados de partidos del Botànic durante un pleno

Diputados del Botànic exigen preservar las garantías ambientales en pleno debate sobre agilizar las renovables. Cinco diputados de Compromís y Unides Podem, coaliciones que dan apoyo al Consell del Botànic han publicado una carta abierta en la que anuncian su intención de no dar apoyo a las medidas que buscan la aceleración de la implantación de macroplantas energéticas, si ello implica la reducción de las garantías ambientales y territoriales, la reducción de la autonomía de los ayuntamientos o un ninguneo a la voz de los municipios valencianos.

Entre los cinco diputados que suscriben la carta están la síndica adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro, y los portavoces de Medio Ambiente e Industria de la coalición, Graciela Ferrer y Josep Nadal y también los de Unides Podem, Beatriu Gascó y Ferran Martínez. Todos ellos de formaciones que sustentan al Consell.

Los cinco suscriben una 'carta abierta por una Transición Energética Justa en el País Valenciano' que se difunde en un momento en que el Consell tiene pendiente de validar en las Corts el decreto ómnibus que entre otras cosas busca facilitar la instalación en la Comunitat Valenciana de proyectos de renovables, pero cuyo proceso de elaboración ha estado repleto de dudas, retrasos, reparos de la Abogacía y dificultades a la hora de conciliar todas las sensibilidades que conviven en el Consell.

Los cinco diputados critican que las normativas para la agilización de trámites y desburocratización de la instalación de energías renovables se han traducido de forma sistemática en reducción de los espacios para la participación de la ciudadanía afectada por estos proyectos, así como en el debilitamiento de la autonomía de los municipios, que ya viene trastocada por la infrafinanciación estructural de los ayuntamientos.

En el escrito señalan que la crisis energética agravada por la guerra de Ucrania ha puesto en el primer plano de las decisiones políticas la urgente necesidad de reducir la dependencia energética de combustibles fósiles y de hacer frente al cambio climático.

La síndica adjunta de Compromís, Mònica Àlvaro

Explican que los efectos del cambio climático y la crisis de biodiversidad ya son patentes hoy y continuar por el mismo camino aboca a efectos irreversibles que amenazan particularmente el territorio valenciano.

Por eso, sostienen los diputados, hay que abordar seriamente una transición ecológica -de la cual la transición energética es una parte indispensable- no solo de la economía sino también de la sociedad, donde la sostenibilidad ecológica, los derechos humanos, los valores de justicia, sororidad e igualdad y la participación ciudadana y democrática sean elementos sustanciales de las decisiones políticas que tienen que guiar los cambios estructurales necesarios.

La portavoz de Medio Ambiente de Unides Podem, Beatriu Gascó

En su opinión, la transición energética se ha centrado hasta ahora en la implantación de energías renovables basadas en grandes instalaciones y líneas de muy alta tensión, que reproducen el mismo patrón de generación centralizada, alejada de los espacios donde se consume y con la producción, transporte y distribución de la energía en manos de grandes corporaciones que, en muchos casos han servido de retiro a cargos políticos con las famosas 'puertas giratorias', además de los fondos de inversión que se nutren de la especulación energética y territorial.

Mientras tanto, la ciudadanía sufre la injusticia energética de un sistema perverso de fijación de precios que garantiza la extracción de rentas en favor de la oligarquía energética y financiera, un tipo de Robin Hood al revés cuando hay familias que sufren pobreza energética y se quedan sin electricidad porque no la pueden pagar.

La portavoz de Medio Ambiente de Compromís, Graciela Ferrer

Explican que estos proyectos de macroplantas actualmente se concentran en el mundo rural por el bajo precio del suelo, provocando que las zonas rurales se enfrenten a una amenaza más: una nueva forma de extracción de rentas basada en la ocupación de su territorio y el deterioro del paisaje. Es significativo que la oportunidad que proporcionan las energías renovables para la sostenibilidad, la democratización y la soberanía energética de la ciudadanía se haya transformado en una fuente de conflicto, de ampliación de la brecha rural-urbana, y de desafección política.

"Estas decisiones nos hacen más vulnerables frente a la crisis ambiental y económica y nos abocan a la dependencia del oligopolio energético", señalan

decoration

Estas decisiones -señalan los diputados- nos hacen más vulnerables frente a la crisis ambiental y económica y nos abocan a la dependencia del oligopolio energético, al mismo tiempo que se debilita el sector agrario y se genera un caldo de cultivo ideal para los discursos demagógicos, negacionistas y de odio.

"Por eso no podemos apoyar medidas que impliquen reducir las garantías ambientales y territoriales, que ninguneen la voz de los pueblos y reduzcan la autonomía de los ayuntamientos para acelerar la implantación de macroplantas energéticas", señalan en el escrito los cinco diputados.

Los diputados de Compromís y Unides Podem firmantes reclaman el inicio de una planificación territorial para la implantación de instalaciones en la cual participe activamente la ciudadanía

decoration

Y en línea con las recomendaciones del informe de la OCDE sobre la implantación de energías renovables en el mundo rural, publicado en 2012, consideran los diputados de Compromís y Unides Podem que hay que comenzar una planificación territorial para la implantación de instalaciones en la cual participan activamente las autoridades y la ciudadanía afectada para garantizar su compatibilidad con las características y usos del territorio; así como la manera en que estos territorios y su gente participará de los beneficios generados por esas instalaciones.

El diputado de Unides Podem Ferran Martínez

Hace falta que se dé prioridad, sostienen, a criterios de equidad territorial y proximidad, diversificación económica, preservación de la biodiversidad, justicia social y empoderamiento local.

Tal como plantea el paquete energético de la Unión Europea, tenemos que aprovechar todo el potencial del principio "primero, la eficiencia energética" -es decir, ahorrar antes que construir-, la gestión de la demanda, las estrategias de ahorro y eficiencia en el uso y necesidades de energía. Asimismo, hay que desarrollar, defienden, en toda su amplitud las medidas jurídicas y de apoyo económico, técnico y de acompañamiento para facilitar y promover el papel activo de los consumidores de energía (ciudadanía, empresas, administraciones y entidades públicas) porque participan tanto en la producción y almacenamiento distribuidos como en los servicios de eficiencia energética, a través, fundamentalmente, de las comunidades energéticas locales.

En este sentido defiende que hay que priorizar la producción en las zonas de consumo y su entorno inmediato, como pueden ser techos residenciales, industriales, instalaciones públicas, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos inacabados de décadas anteriores y suelos degradados. De este modo no solo se evitan pérdidas por el transporte de energía y la ocupación de suelo rural, sino que se aprovecha la oportunidad de democratización y cohesión social del desarrollo distribuido de la producción y almacenamiento de electricidad a partir de energía renovable.

El diputado de Compromís Josep Nadal

De hecho, un reciente estudio del IVACE en el cual ha participado el ITE (Instituto Tecnológico de la Energía) sobre el potencial de aprovechamiento energético solar fotovoltaico de los techos residenciales, industriales y de edificios públicos en la Comunitat Valenciana, lo sitúa en una producción distribuida de unos 14.000 MWp. Es decir, más del doble del objetivo de producción fotovoltaica en el horizonte 2030.

Los diputados llaman a reforzar nuestras capacidades endógenas para crear empleo de calidad vinculado a las energías renovables, generar soberanía energética depositada en manos de la ciudadanía y garantizar el derecho a la energía al conjunto de la población. Así se construiría resiliencia y capacidad de adaptación frente al cambio climático y las perturbaciones geoestratégicas.

Toda crisis, resaltan, es una oportunidad, por lo que llaman a aprovechar esta para construir una respuesta basada en la gobernanza democrática de la energía, la sostenibilidad ecológica, la justicia social y la equidad territorial. 

Compartir el artículo

stats