Consell y Gobierno de España volverán a reunirse en la comisión bilateral. En esta ocasión, lo harán por las discrepancias expuestas por el ejecutivo central sobre varios artículos de los presupuestos de la Comunitat Valenciana para 2022 y de la ley de acompañamiento, el cajón de sastre legislativo que va junto a las cuentas autonómicas con modificaciones en varias leyes.
En concreto, los reparos son a tres artículos de la primera y otros cinco de la segunda, asuntos que, según defienden fuentes del Consell, son mayoritariamente técnicos, pero que se han de solventar para evitar el recurso al Constitucional.
En este sentido, la mayoría de las alegaciones a una parte del articulado es que el redactado de estas normas invade competencias estatales o choca con sus leyes. Lo hace, entre otros, en temas como el registro de agentes inmobiliarios, fijar una distancia mínima a la que se puedan instalar almacenes de contenedores con petróleo en los puertos (sin indicar que son solo los autonómicos) o asegurar una tasa de reposición para funcionarios de seguridad aérea, que son de competencia estatal.
En el gobierno valenciano consideran que no habrá problema en alcanzar un acuerdo, para el que tienen seis meses, y que las discrepancias son menores que otros años.
