Expertos en Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están analizando si José Luis Vera, investigado en la macrocausa de Azud por varios delitos, alteró posibles pruebas incriminatorias que pudiera tener almacenadas en su correo electrónico personal, después de que presuntamente accediera al mismo, una vez ya intervenido, y cambiara la contraseña que a su vez había escrito la Guardia Civil. Vera tuvo 13 días para manipular (o no) el contenido de su correo electrónico, hasta que los investigadores se dieron cuenta y volvieron a cambiar la clave de acceso.
Y no solo eso: el informe pericial prueba que ese acceso «no autorizado» se realizó desde un ordenador ubicado físicamente en la sede de Divalterra (antigua Imelsa), precisamente donde Vera tiene su despacho como jefe de los servicios jurídicos de la empresa pública de la Diputación de València, que actualmente está a punto de culminar su liquidación definitiva.
Los agentes del grupo de Delincuencia Económica 3 de la UCO, que han llevado desde 2017 la investigación del caso Azud, bajo la supervisión de la Fiscalía Anticorrupción y de la jueza de Instrucción número 13 de València, se dieron cuenta de que alguien había entrado después de ellos en la cuenta de correo de José Luis Vera a finales de junio, cuando iban a comenzar a volcar su contenido para rastrear correos incriminatorios del investigado con el resto de presuntos implicados en la trama, principalmente con el supuesto corruptor, el promotor Jaime Febrer, y con el resto de socialistas incluidos en la lista de sospechosos, Rafael Rubio y José Cataluña. Y, en todo caso, con cualquiera de los investigados en esta trama de corrupción urbanística.
La cuenta personal de correo electrónico de Vera fue intervenida, junto con dispositivos electrónicos de su propiedad, tras su detención en la mañana del 13 de mayo del año pasado, durante la segunda fase de explotación policial de Azud.
Ese mismo día, en aplicación del protocolo de preservación de pruebas, los agentes de la UCO accedieron a la cuenta particular del jefe de los servicios jurídicos de Divalterra en Yahoo y cambiaron la contraseña para evitar que el investigado, o alguien de su entorno, pudiese acceder y alterar su contenido.
Cinco semanas después, el 2 de junio, los agentes se pusieron manos a la obra para volcar y analizar el contenido de la cuenta de correo Yahoo de Vera y rastrear posibles mensajes relacionados con su papel de ‘conseguidor’ que, según las evidencias acumuladas hasta ahora, le habrían permitido cobrar 1.341.000 euros en ‘mordidas’ por abrirle la puerta al entramado de Febrer a ayuntamientos socialistas o a empresas públicas en manos socialistas en ese momento, como es el caso de Acuamed.
Alerta: contraseña desconocida
Pero no pudieron acceder. Fue en ese momento, al introducir la contraseña creada por ellos el de 13 de mayo, cuando se dieron cuenta de que alguien la había vuelto a cambiar. Al revisar el historial de claves, comprobaron que había habido dos movimientos, el de la UCO, el 13 de mayo, y uno posterior, entre las 10.54 y las 10.55 horas del 20 de mayo, solo siete días después de la detención de Vera, que no llegó a ingresar en prisión, como sí lo hicieron Alfonso Grau, Rafael Rubio, Jaime Febrer o la empresaria Mónica Montoro.
Los investigadores volvieron a cambiar la contraseña ese 2 de junio y pidieron auxilio a la jueza del caso para solicitar datos tanto a la sociedad propietaria del dominio del correo, Verizon, como a la compañía telefónica que daba conexión al ordenador desde el que se había realizado el cambio no autorizado de contraseña, en este caso, Vodafone.
Sorpresa: desde un ordenador de Divalterra
Los primeros informaron del día y la hora a la que se cometió esa injerencia, y los segundos, del propietario del ordenador desde cuya dirección IP –el identificador que individualiza un dispositivo o una conexión en internet- se había realizado el cambio, así como su ubicación: Divalterra, con domicilio social en la calle Avellanas, 14 de València. «Tratándose esta de la sociedad y la sede desde la que desarrollaba su actividad profesional José Luis Vera Llorens, propietario igualmente de la cuenta de correo», le recuerda la Guardia Civil a la jueza en su informe final del ‘incidente’.
Ahora, solo falta el análisis técnico sobre la cuenta de correo, que aún está en marcha, para saber si borró correos o archivos guardados en sus buzones, lo que podría reportarle una nueva acusación formal por destruir pruebas y poner trabas a la acción de la Justicia.
