Y la consideran paradigmática porque es la única de las once tramas afloradas en la investigación del caso Azud en la que «convergen la práctica totalidad de las personas investigadas y fundamentalmente aquellas a quienes se les abonaron grandes cantidades de dinero en comisiones ilícitas».

Y también lo es porque en esa trama aparecen todos y cada uno de los delitos que se les imputan: un expediente administrativo tramitado de manera oculta, una deuda y su resolución no asentadas en la contabilidad financiera del ayuntamiento, cuatro constructoras unidas en busca de parcelas elegidas a la carta en connivencia con altos funcionarios municipales, despiece de contratos para contar con una tasación a la medida, cambio parcial del plan general urbanístico de la ciudad, desafectación de las parcelas que debían haber albergado colegios...

La empresa nació antes del auto

El plan, según las investigaciones desarrolladas, se urdió y concretó en tres años, entre 2005 y 2008. El 11 de julio de 2005, nacía Mediterránea de Actuaciones Integradas (MAI), participada, con un 25 % cada una, por CVC (buque insignia de Febrer), Nueva Esfera (Mónica Montoro), Gesfesa (Federico Ferrando) y Astroc con el «único objetivo» de lograr la cesión de esas parcelas para uso residencial a cambio de pagar una deuda de 35 millones como indemnización a diez congregaciones religiosas a quienes se habían enajenado terrenos para colegios en virtud del PGOU de 1988.

El Tribunal Supremo les dio la razón en 1999, pero hasta abril y junio de 2006 no se dictaron los autos judiciales que fijaban esa indemnización en algo más de 35 millones de euros. Curiosamente, el primero de esos autos llegó a los ocho meses de la creación de MAI S.L., nacida cuando aún se desconocía a cuánto iba a ascender la deuda que estaban dispuestos a asumir a cambio de terreno estratégico.

Para «lograr este negocio», Febrer y Montoro diseñaron cada paso del proyecto a través de MAI, que «controló e impuso todas y cada una de las actuaciones administrativas que se iban a llevar a cabo».

A lo largo de numerosas reuniones entre Jaime Febrer y Alfonso Grau, que la UCO detalla al milímetro, el primero expuso al segundo cómo, cuándo y qué hacer para llevar ese pelotazo a buen puerto.

Alfonso Grau, imputado en el caso Azud.

En primer lugar, decidieron que MAI asumiría en pago por terceros la deuda, una fórmula que no se ajustaba a la legalidad. A continuación, Febrer se reunió con la jefa del Servicio de Patrimonio del Ayuntamiento de Valencia, Esmeralda Orero Pardo, quien « le facilitó, desde el citado servicio, una relación de seis parcelas destinadas a uso dotacional». La alta funcionaria, que, recuerda la jueza, recibió regalos de Navidad del promotor cada año entre 2002 y 2007 «trabajó para MAI» quitando o añadiendo parcelas en distintos puntos de la ciudad hasta que todas ellas «fueron del gusto» de Febrer.

Después, y pese a disponer de funcionarios cualificados para tasarlas –Jorge Bellver, responsable de Urbanismo, otro de los receptores habituales de regalos, fue quien autorizó esa maniobra–, recurrieron a tres tasadoras externas, aunque finalmente se quedó, una vez más, la elegida por Febrer, Tinsa, a quien se le pagaron los casi 18.000 euros por los servicios prestados fraccionando el contrato en cuatro facturas, una vez más, para evitar el control, afirma la jueza.

Conselleria renunció a colegios

Tinsa las valoró en algo más de 40 millones de euros, una cantidad al menos 14 millones inferior a lo que habría obtenido el ayuntamiento según el informe de una perito de Hacienda, que con el cálculo más conservador las tasa en más de 54 millones, para lo cual ni siquiera ha tenido en cuenta, como ella misma recoge en su análisis, el incremento de hasta el 22 % anual de los precios que se producían en aquel momento.

Febrer fue conduciendo presuntamente cada gestión, incluida la de conseguir que el ayuntamiento no recurriese el auto que le imponía la deuda de 35 millones, pero también convencerle para que la Conselleria de Educación, con Alejandro Font de Mora al frente en aquel momento, retirase el recurso que sí había llegado a interponer y que renunciase a esas tres parcelas que, en el PGOU, estaban destinadas a albergar colegios.

Allanado el camino, el ayuntamiento ya solo tuvo que desafectar las parcelas de su uso dotacional y convertirlas en residenciales para escriturarlas finalmente a nombre de MAI. Y todo ello, resuelve la jueza, con «la participación activa» de Alfonso Grau, Esmeralda Orero, Jorge Bellver y los jefes de los servicios Jurídicos y de Planeamiento del consistorio, que ya no pueden ser investigados porque fallecieron.