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La aridez se dispara en dos décadas y aboca a una desertificación creciente

Los fenómenos extremos por el cambio climático o la gran presión hídrica en el Júcar y Segura aumentan el riesgo

Sequía en el embalse de Bellús por falta de lluvia PERALES IBORRA

La superficie semiárida supone ya el 56 % del territorio español. El incremento de la aridez es notable desde 1961, y especialmente en el centro y el sur de la Comunitat Valenciana en las últimas dos décadas. En idéntica tesitura se hallan Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y zonas montañosas de Andalucía. Orense, Navarra, centro y oeste de Aragón, Pirineo oriental, Murcia y sur de Almería comparten el problema. Algo que aboca a la desertización en un 74 % del Estado a causa del cambio climático.

La situación se agravará por el aumento de las temperaturas, la evapotranspiración y la caída de las precipitaciones, como señala el borrador de la Estrategia Nacional de Lucha contra la Desertificación. El documento del Ministerio para la Transición Ecológica ahora en exposición pública señala una mayor severidad de las sequías tanto las hidrológicas, por falta de recursos hídricos, como las meteorológicas por la escasez seguida de lluvias. Los períodos secos de dos años y cinco años de duración serán más frecuentes.

Desde comienzo del siglo XXI, los años 2005 y 2017 han sido los menos lluviosos en la serie 1947-2020. Algo que provoca el decaimiento y la mortalidad de los sistemas forestales así como menor rendimiento de los cultivos. De hecho la nueva Política Agraria Común se vertebra sobre la necesidad de recuperar la biodiversidad de los espacios agrícolas mediante la adopción de buenas prácticas ambientales y la conversión de al menos el 25 % de las tierras a productos ecológicos.

Una mayor vulnerabilidad

El estudio, que persigue la introducción de medidas correctoras para frenar el deterioro del suelo, apunta que a pesar de la mejora de la eficiencia en los sistemas de riego en los últimos años, su efecto en reducir la presión sobre el recurso hídrico es moderado. Coloca el foco en las demarcaciones hidrográficas de Baleares y Segura, con valores del índice de explotación del 97 % y 78 % respectivamente, seguidas por la del Júcar y Guadalquivir, cercanos al 50 %. Circunstancia que se traduce en «una mayor vulnerabilidad frente al estrés hídrico focalizada gravemente en la zona mediterránea».

La salinización es otro de los factores que incide directamente en el empobrecimiento de los suelos y que repercute en una reducción del rendimiento agrícola. Una cuestión nada baladí y que ya es una realidad en España. Las zonas con mayor problemática están localizadas en el curso bajo del Segura y las zonas costeras de la Comunitat Valenciana. También el delta del Ebro, el curso medio del Guadalquivir, el Campo de Cartagena, Cataluña o el valle del Guadalentín. La subida del nivel del mar incrementaría las zonas marinas con intrusión salina, como ya ocurre en la parte norte del Parc Natural de l’Albufera.

La gravedad del asunto lleva al Gobierno a plantear la necesidad de un ley nacional de conservación y uso sostenible de los suelos. El documento, en revisión hasta el 24 de mayo, plantea reforzar los mecanismos de cooperación entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para la planificación, diseño y ejecución de actuaciones de lucha contra la desertificación. Algo más de 9.00.000 de hectáreas están catalogadas ya como puntos con un riesgo alto o muy alto.

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