Uno de los mantras del discurso populista de Vox es el del coste de los gobiernos. En el punto de mira de la tijera de la formación de extrema derecha están especialmente las autonomías. Sin embargo, su primera experiencia gubernamental en una de estas administraciones, Castilla y León, junto al PP, hace que muchas de las críticas por el gasto de estos ejecutivos le regrese como un bumerán. Por ejemplo, las que vierta en la Comunitat Valenciana.
Las doce consejerías que conforman la primera andadura de la extrema derecha en un ejecutivo autonómico son las mismas que tiene el Consell valenciano con tres diferencias: sus retribuciones individuales son mayores, su población es algo menos de la mitad y su presupuesto es un 41 % al de la Generalitat. Las tres circunstancias hacen que el gasto del equipo gobernante castellanoleonés sea 2,6 veces más caro por habitante que el valenciano y que cada consejero gestione menos de la mitad de presupuesto.
En concreto, la retribución general de cada conseller (incluido las dos vicepresidencias) es de 63.756 euros, cerca de 5.300 euros mensuales, un salario que está un 20 % por debajo de los 79.570 euros, según la página de Transparencia del ejecutivo castellanoleonés, que recibirán cada año los ocho consejeros del PP y tres de Vox (al que se ha de sumar el presidente, Alfonso Fernández Mañueco.
De hecho, también el máximo responsable del gobierno de la Junta de Castilla y León supera a su homólogo valenciano. Mañueco percibe anualmente 76.355 euros por los 74.843 que cobra cada año Ximo Puig. Si bien es cierto, el 'president' de la Generalitat cuenta con una indemnización de 10.000 euros anuales por residencia que van para el alquiler de un piso en València, algo que no es necesario en el caso de Mañueco ya que la Junta tiene reservada para el jefe del ejecutivo autonómico en el Paseo de Recoletos de Valladolid.
Con compensación residencial o sin ella, el montante total anual que va destinado desde las arcas públicas a los salarios del núcleo de gobierno de Castilla y León supera en 165.000 euros al que reciben los máximos responsables del ejecutivo valenciano: 951.625 por los 786.159, un 22 % más. Las diferencias proporcionales aumentan al comparar este coste por habitante. En este sentido, el coste del gobierno castellanoleonés asciende a 40 céntimos por habitante al año mientras que el valenciano es de 15 céntimos, menos de la mitad.
El mismo número de consejerías, no obstante, no gestiona tampoco la misma cantidad económica. El presupuesto de ambas autonomías es dispar, 12.800 millones de euros el de la Junta de Castilla y León, 29.500 millones el de la Generalitat. Esto hace que cada consejería castellanoleonesa gestione 1.066 millones frente a los 2.460 millones de las consellerias valencianas; es decir, el mismo personal gestiona menos recursos en la Junta que en la Generalitat.
Reacción del Botànic
Las cifras suponen una réplica a las continuas críticas de Vox hacia el coste de los gobiernos autonómicos. En primer lugar porque, como se observa, el coste por habitante no alcanza el euro al año; y en segundo, porque supone que en su primera experiencia en un ejecutivo ese mantra de la antipolítica queda en entredicho al estar presente en un gobierno más caro, no solo en su cálculo per cápita sino también en su total.
Contra este discurso ya se lanzó el Consell en la última sesión de control en las Corts. Puig replicó a Ana Vega, síndica de Vox, con el nuevo gobierno en Castilla y León, una forma de atajar los lemas antiestablishment con el que la extrema derecha quiere tomar fuerza. De este nuevo ejecutivo aireó que es el menos inclusivo de todos los autonómicos con solo tres mujeres de doce (y ninguna de ellas forman parte de las tres propuestas de Vox) y señaló que el nuevo presidente del parlamento autonómico en Valladolid cobra un 40 % más que Enric Morera pese a que tiene 17 escaños menos (81 frente a los 99 de las Corts).
El próximo paso por las urnas será en Andalucía y el resultado podría ser similar al vivido en Castilla y León con el PP obligado a pactar con Vox. Cómo avance el gobierno de PP-Vox en la Junta castellana y si este se replica en el Palacio de San Telmo andaluz serán material con el que la izquierda valenciana intentará afear al PPCV su dependencia futura de la extrema derecha y qué frutos podría dar. El dedo ya no señala a Madrid, sino más al norte.
